El traslado de Malerba -sin consignar sus nuevas funciones ni fundamentar el traslado- provocó ya que el organismo que depende del Ministerio de Justicia debiera cerrar sus puertas este lunes.
Según informa el diario
'La Nación', sus empleados decidieron junto con ATE y la CTA un paro y pegaron afiches para denunciar que en la IGJ no existen "la presunción de inocencia ni el Estado de Derecho".
La remoción de Malerba, que según sus compañeros acumula más de 35 años de antigüedad, registra otros antecedentes, como el de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, y de un ex inspector, Fernando Scanavino, entre otros.
Los problemas se agudizaron dentro de la IGJ con el arribo de Norberto Berner, en 2012, quien en pleno escándalo por el caso Ciccone emitió las circulares 1 y 4 para imponer el criterio de que el interesado en obtener información del organismo deba antes demostrar su "interés legítimo" para acceder a esos datos.
Un año después, la Justicia admitió un amparo del legislador Ricardo Gil Lavedra y le ordenó a la IGJ levantar ese "cepo informativo", aunque para entonces Berner ya se había asumido como secretario de Comunicaciones.
Al frente de la IGJ, Berner dejó su lugar a Rodolfo Tailhade, que a su vez se encuentra de campaña como primer candidato a concejal por el Frente para la Victoria (FPV) en el municipio de Malvinas Argentinas. Por eso, y como virtual número uno, quedó Analía Spatola. Su currículum vitae expone que no es especialista en derecho societario ni tampoco trabajó en ese campo hasta su arribo a la propia IGJ a través del Ministerio de Justicia.
# Otros denuncian una campaña para instalar "una realidad inexistente"
Este miércoles, otro grupo de la IGJ publicó una solicitada en el diario '
Ámbito Financiero' para denunciar una campaña que busca instalar "una realidad que en rigor es inexistente". Además, apuntaron contra las "versiones difamatorias sin una mínima y elemental verificación de los hechos" que han circulado en los últimos días.
"Las mentiras y la amplificación mediática que sin resguardo alguno reciben, afectan los esfuerzos que durante los últimos años los trabajadores de la Inspección General de Justicia venimos realizando en términos de nuevos procesos de gestión y ejercicio de controles de legalidad y fiscalización, y sobre todo generan un daño irreparable a esta Institución y a las personas que con orgullo pertenecemos a ella", apuntaron.
