"Cualquier COMISIÓN a crearse no puede tener otra función que la de controlar o fiscalizar la legalidad de las indagatorias", concluyeron.
En diálogo con los medios, a pesar del duro tono del pronunciamento de las dos entidades, Schlosser -que recibió el apoyo en las elecciones de la entidad de quienes en la comunidad judía argentina simpatizan, pese a Irán, con Cristina Fernández y recibe aportes del Estado (ver notas relacionadas)- minimizó el tenor del comunicado: “No es un rechazo al acuerdo, expresamos nuestras objeciones” que “no implica una oposición a los poderes del Estado”. Sobre si pedirán una reunión con el Gobierno, dijo que “pretendemos mantener un diálogo con todas las autoridades de nuestro país” y que “el objetivo no es confrontar”.
Sin embargo objetó que no haya “plazos en el documento” firmado con Irán y que “INTERPOL ya revisó las pruebas” contra los acusados.
“ Tenemos todo hoy listo menos los acusados”, advirtió.
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“No pretendemos confrontar”, reiteró varias veces y reconoció que “el Acuerdo no es de nuestra total satisfacción” y que “ expresamos nuestra opinión”.
En un tono muy diferente al conciliador Schlosser, Borger opinó que “nos suena al menos raro hablar de una mesa de verdad” y recordó los avences en los 10 años de gobierno kirchnerista: “ Parecería que todo lo actuado en estos 10 años no es verdad”.
“Confiamos en la Justicia argentina” y agregó que “este gobierno es de los que más han impulsado esta causa” donde valoró la labor de Néstor Kirchner.
“Irán no es un interlocutor válido”, sentenció y se preguntó en el caso de los acusados si “¿ serían entregados a la Justicia argentina?”.
El comunicado completo
La conformación de una “comisión de una de la verdad” no está contemplada por las leyes argentinas que regulan el proceso penal, lo que implicaría una declinación de nuestra soberanía y un reconocimiento de que las conclusiones a las que se llegó en la investigación judicial, y que dieron lugar a los pedidos de captura de INTERPOL, no son “la verdad”.
Tengamos presente la tarea de nuestros fiscales y las votaciones de la SECRETARÍA y la ASAMBLEA GENERAL de INTERPOL que dieron curso a los pedidos de captura y a las CIRCULARES ROJAS.
Cabe recordar que en aquella oportunidad, la comisión de asuntos jurídicos de INTERPOL, ante la destacada labor de los fiscales argentinos que expusieron en esa oportunidad, resolvió que las pruebas eran suficientes y aptas para requerir las capturas.
Ignorar todo lo actuado por la justicia argentina y reemplazarlo por una COMISION que, en el mejor de los casos, emitirá, sin plazo definido, una “recomendación” a las partes, constituye, sin dudas, un retroceso en el objetivo común de obtener justicia.
Cualquier COMISIÓN a crearse no puede tener otra función que la de controlar o fiscalizar la legalidad de las indagatorias.
Guillermo Borger
Presidente de la AMIA
Julio Schlosser
Presidente de la DAIA