Ahora el diario La Nación revela que el anticipo de una auditoría más profunda que realiza la Auditoría General de la Nación determinó que la Asociación Madres de Plaza de Mayo debía cargas sociales por $ 120 millones y esa fue la principal razón por la que el juez federal Norberto Oyarbide decidió aplazar hasta febrero la definición de la situación procesal de Schoklender en la causa.
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El juez, según las fuentes consultadas por ese matutino, piensa incorporar estos elementos al expediente y sumarlos a los indicios para responsabilizar a Schoklender por defraudación a la administración pública, pues está acusado de desviar hacia sus cuentas y para su provecho parte de los $ 765 millones que el Estado entregó a las Madres de Plaza de Mayo para levantar viviendas sociales.
Además, entregó al juzgado un informe parcial que comprende la situación de los empleados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que se dedicaban a levantar las viviendas. Los albañiles eran incorporados en blanco y se les pagaban cargas sociales, pero la auditoría determinó que en el caso de los complejos de viviendas de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco, y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, no se habrían depositado las cargas sociales.