Entonces, la Casa Rosada intenta mantener el discurso pero menos personalizado en Moyano y Barrionuevo.
"La mayoría de los argentinos creen que los robos que se produjeron hace diez días en Bariloche, Rosario y distintas ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires fueron organizados, no espontáneos. Apenas un 20% sostiene que esos robos fueron realizados por necesidad. Aunque casi la mitad de los consultados dicen que no saben quiénes fueron los organizadores, Hugo Moyano aparece como el más sospechado. Una de cada cuatro personas lo señala. Pero, además, el resto de los que aparecen en la lista de quienes podrían haber impulsado los hechos son todos dirigentes opositores, principalmente del peronismo. Lo que se verifica con claridad es una amplísima mayoría que sostiene que los que participaron de los hechos deben ser juzgados y encarcelados.
Las conclusiones surgen de una encuesta realizada en todo el país por el Centro de Estudios de Opinión Pública, que conduce Roberto Bacman. El estudio estuvo específicamente referido a los saqueos. En total fueron entrevistadas mil personas de Capital Federal, dos cordones del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Tucumán, Salta, San Juan y otras 20 ciudades e incluso zonas rurales del territorio nacional. El procesamiento de los datos terminó ayer y se respetaron las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social.
El punto de partida parece ser el diagnóstico. “La gran mayoría de los argentinos –señala Bacman– considera que la actual situación social y económica no se asemeja a la vivida en 2001, cuando la crisis era de extrema gravedad y se produjeron grandes saqueos a supermercados, con epicentro en el Gran Buenos Aires. Si bien alrededor de tres de cada diez argentinos perciben cierta similitud, concluir que ambos hechos pueden ser emparentados entre sí es exagerado y tendencioso.”
Del total de los encuestados, hay un 20% que dice que no se puede pronunciar respecto de si los saqueos fueron organizados o espontáneos. Pero del resto, la abrumadora mayoría señala que fueron organizados, es decir que hubo dirigentes políticos y sindicales que convocaron y acaudillaron, luego apoyándose en sectores más marginales. Apenas dos de cada diez personas piensan que los robos fueron motivados por desesperación o necesidad ante la falta de alimentos. “El diagnóstico de que los saqueos fueron organizados lo tienen principalmente los hombres, los más jóvenes y los residentes en el área metropolitana. En el interior creen un poco más en la hipótesis del hambre”, redondea el titular del CEOP. (...)".
El discurso gubernamental hay que seguirlo en el diario
Tiempo Argentino. El matutino de
Sergio Bartolomé Szpolski y Matías Garfunkel, que financia el gasto público, apuntaron al alcalde de Malvinas Argentinas,
Jesús Cariglino, un crítico durísimo de Cristina Fernández y que derrotó en las urnas al Frente para la Victoria en 2011.
Luis Vivona, el líder del FpV en Malvinas Argentinas es un colaborador de
Alicia Kirchner.
El citado matutino afirmó:
"Desde el viernes 21 de diciembre, el intendente del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, tiene una obsesión: despegarse por completo de los saqueos que ocurrieron en su distrito, y especialmente, en la localidad de Grand Bourg, la zona más pobre de su municipio y uno de los mayores epicentros de los robos organizados que sucedieron en el tercer cordón del Conurbano Norte.
Sin embargo, existe una trama, hasta ahora desconocida, que podría poner en aprietos la estrategia de autodefensa pública del intendente. Se trata del saqueo de la carnicería "Lucas y Ana Laura", ubicada en la esquina de las calles Ricardo Rojas y San Lorenzo, en pleno corazón de Grand Bourg. Allí, pocos minutos antes de los incidentes, apareció una camioneta blanca, con el logo del municipio, al mando de Horacio Pérez, alias "Terri", uno de los principales punteros del mandatario comunal, que trabaja para la Municipalidad en tareas de limpieza del espacio público, y reporta directamente al secretario de gobierno comunal, Miguel "el turco" Harari.
Según los testimonios y los documentos fotográficos a los que accedió este diario, el vehículo llegó a la zona antes de las 14 del viernes 21, custodiado por una segunda camioneta, marrón claro, patente UVL 482, con "Oscar" al volante. Esas cinco letras, son el apodo de la mano derecha de "Terri" Pérez. Ambos no llegaron solos a la esquina de Rojas y San Lorenzo. Arribaron junto con unas treinta personas cargadas en la parte trasera de los dos vehículos y de una Ford ranger. Ese pequeño pelotón, según varios testigos del ataque, desembarcó coordinado por Oscar Rodolfo Pereyra, Adrián Marcelo "La Mona" Bejarque y Ramón Juste, tres hombres que reportan a Terri en Grand Bourg y se encargan de la seguridad y las relaciones territoriales de su jefe. (...)".
Pero lo más grave de Tiempo Argentino es lo de Ernesto Paillalef, ministro de Desarrollo Social de Río Negro, denunciando: "En Bariloche hoy existe desconfianza política y vacío de poder." Es una invitación a la intervención provincial del municipio.
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Debe recordarse que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, había levantado polvareda culpando por los desmanes a 2 cooperativas vecinales, el sindicato de Empleados de Comercio y militantes de la UCR por los saqueos en San Carlos de Bariloche. Luego, le llegaron las cartas-documentos desde la UCR a un goberrnador que, en el pasado, fue aliado de la UCR antes de que su gente del Frente Grande aceptara la oferta de Carlos Soria de pasarse al Frente para la Victoria.
"(...) Goye había afirmado en los días previos a los desmanes: "Los rumores de posibles saqueos a supermercados existen. No concordamos con esa metodología, por eso estamos instrumentando alternativas a los aportes que ya realizaron empresas privadas alimenticias. Les solicitamos aportes a los supermercadistas, acordes a la facturación de cada uno. Se llegó a recaudar sólo el 12 o 15% del monto que pedimos."
Paillaleff también criticó que "en un programa televisivo, el domingo previo a los saqueos, el intendente señaló que el supermercado Chango Más no había colaborado. Allí se iniciaron los saqueos". No obstante, el ministro de Desarrollo Social provincial no vio una maniobra política de Goye sino "impericia" de su parte.
"Cuando el gobierno provincial acudió al lugar –dijo el funcionario-– no sabíamos a quién remitirnos. El gobierno municipal estaba enredado en sus propias contradicciones". Por caso, cuando comenzaron los saqueos en Bariloche, el intendente estaba en una reunión en Buenos Aires.
De acuerdo al ministro, la situación se fue normalizando: "Se identificaron domicilios donde hay productos robados y vehículos relativamente nuevos que sirvieron como logística para los desmanes." Como contrapartida, a diferencia de otras ciudades donde hubo saqueos organizados, aún no hubo detenidos, aunque Paillalef aseguró que pronto habrá novedades al respecto. Sus declaraciones se dan cuando vuelven a surgir rumores de nuevos disturbios en Bariloche.
Otro factor que se suma al malestar que existe en un sector del kirchnerismo con Goye son sus vínculos con sindicalistas relacionados a Luis Barrionuevo, tal como se desprende de una causa por estafa agravada en perjuicio de la administración pública, donde el intendente está imputado.
El caso se remonta a 1999, cuando la Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales (Arbos) estaba muy mal económicamente, a punto de quebrar, y recibió como subsidio del gobierno nacional 2.022.989 pesos (era la época de la Convertibilidad) para obras en el policlínico. Según publicó el diario Río Negro, "los tres aportes que hizo el Ministerio de Salud de la Nación a través de la ‘Administración de Programas Especiales’ no tuvieron rendición de cuentas ni aparecieron en el activo de la Asociación cuando se analizó su patrimonio en el proceso de quiebra". Así se desprende de la causa judicial que comenzó en 2002 y continúa abierta. El juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, consideró que "se habían gestionado subsidios de la Nación con un objetivo falso". Por tal motivo, fueron procesados por presunta estafa cinco directivos de Arbos (todos afiliados del PJ):
* Ovidio Zúñiga, presidente de la asociación y ex diputado nacional; entonces era secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), liderada a nivel nacional por Luis Barrionuevo.
* Walter Cortés, vicepresidente de Arbos. Entonces secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Bariloche.
* Víctor Carcar, tesorero de la entidad. Ex interventor de UOCRA.
* Gonzalo Madrazo, abogado de la entidad. Fue candidato a intendente en Bariloche en 2002;
* Omar Goye, contador de la asociación.
De acuerdo al diario de Río Negro, "los fondos habían sido derivados a dos empresas creadas poco antes del otorgamiento de los subsidios, con las que Arbos contrató supuestos servicios de consultoría y asistencia. Eran Surtsey SA y Foz Valley SA, ‘las cuales se encontrarían vinculadas con los imputados Madrazo y Goye’, sostiene la acusación original que formuló el fiscal federal de Bariloche Jorge Bagur Creta". (...)".
