La víctima se desempeñaba en el Comando de Patrullas Rural. Desde hacía algunas semanas, su expareja Tobías Villarruel, oriundo de Chivilcoy, había viralizado un video y fotos íntimas de ella para extorsionarla, por lo que Asuntos Internos le abrió un sumario.
Antes de dispararse, Belén le escribió mensajes a sus compañeros de la fuerza policial que, alertados por la situación, fueron inmediatamente a su casa y la encontraron desvanecida en el suelo. Sus hijos no estaban con ella en ese momento.
El miércoles pasado, Graciela Álvarez, la mamá de la policía que murió, denunció en su cuenta de Facebook: “Tobías Villarruel de la ciudad de Chivilcoy, el que viralizó fotos y videos de mi hija, hostigándola y amenazándola, hizo que ella termine con su vida”.
Además, según informó La Razón de Chivilcoy, la expareja de la víctima está detenido en Bragado, fue condenado por el robo a un comercio de esa ciudad en 2018.
Álvarez contó también que su hija “tiene dos pequeños hijos que ama con todo su ser, así como su trabajo, orgullosa de pertenecer a la Fuerza Policial”. Y, con todo su dolor, la mujer se lamentó: “Tan culpable es esta lacra como todos aquellos que viralizaron”.
Por este motivo, este sábado se realizó una marcha en reclamo de justicia por Belén, bajo el lema: “Si tocan a una, nos tocan a todas”. Y su familia pidió impulsar el proyecto de ley para incorporar como delito “la difusión no consentida de contenidos sexuales íntimos” que tendrá pena de prisión de tres a ocho años y multas.
“Que la muerte de Belén y otras Belén no sean impunes. Que la celeridad prime por sobre lo conveniente, la violencia machista en distintas modalidades MATA. La difusión de material íntimo: fotográfico, vídeo y audios, vulnera la intimidad de las víctimas de estas prácticas aberrantes y son claramente difusiones de venganza, extorsivas, etc.”, escribió Jorge San Román, primo de la víctima.
Por este motivo, iniciaron una campaña para pedirle a la presidenta de la Comisión de legislación penal de Diputados, Ana Carolina Gaillard, que dé tratamiento urgente al proyecto de ley contra la “pornovenganza”, que cuenta con media sanción en el Senado desde julio pasado.
