Por su parte, la defensa estatal argumentó que el hecho fue imprevisible y que se trató de una pelea entre internos, sin intervención ni responsabilidad directa del personal penitenciario.
Un preso muerto y un crimen que pudo haberse evitado
El asesinato de Cajal ocurrió el 16 de enero de 2016, en medio de un conflicto creciente dentro del penal. Según reconstruyeron los testigos y la Justicia, existían tensiones previas con otros reclusos, especialmente con Emanuel Tonzo y Víctor Fernández Ale, líder informal del pabellón.
Fernández Ale —quien, según testimonios, ejercía control sobre los demás detenidos y tenía reglas internas que prohibían armas y drogas— se sintió desafiado por Cajal tras una serie de discusiones. Ese día, lo atacó brutalmente: lo acorraló y le asestó varias puñaladas. La víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos, donde murió poco después.
El juez Simón Isacch subrayó que, más allá de tratarse de una disputa entre reclusos, el crimen no fue inevitable. En la sentencia se remarca que la administración penitenciaria no cumplió con los estándares mínimos de seguridad y que la ausencia de intervención preventiva facilitó el homicidio.
La resolución también expone un debate más amplio: el de las condiciones carcelarias en la provincia y el rol del Estado como garante de los derechos humanos, incluso dentro de los establecimientos de detención.
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