La crítica de Larreta se refiere a que las organizaciones piqueteras y organismos sociales crean una cultura de asistencia social politizada. Muchos de ellos intervienen como intermediarios entre el beneficiario y el estado, por lo que se genera un clientelismo político en el que se le obliga al beneficiario participar en ciertas marchas políticas o afiliarse a diversos partidos para cobrar el plan en lugar de incentivarlo a trabajar. Muchas veces los beneficiarios oficiales nunca llegan a percibir el total del plan, este se pierde en la intermediación de los movimientos sociales.
La semana pasada el jefe de gobierno porteño junto a su ministra de Educación Soledad Acuña anunció la decisión de quitar el plan social “ciudadanía porteña” a las familias que no manden a sus hijos a la escuela, la contraprestación exigida. Además invitó al Gobierno nacional a replicar la iniciativa para controlar la asistencia de clases. “Nosotros esperamos que el gobierno nacional acompañe con esta medida, que lo lleve a todo el país con el resto de los planes sociales, porque además es lo que está previsto. Estamos hablando de cómo se hace cumplir”, reclamó el jefe de gobierno porteño durante una conferencia de prensa.
Sin embargo, la iniciativa de Larreta fue repudiada por la portavoz oficial Gabriela Cerruti que obviamente encarna el pensamiento de Alberto Fernández. La crítica puede ser leída como una reacción ligera ante la ineptitud del gobierno de resolver la problemática de los planes sociales. Pero esta disyuntiva es otro motivo de interna en el FdT. No todos los integrantes del gobierno recibieron de esa manera la noticia de Larreta.
La invitación de Larreta surtió otro efecto en un sector decisivo del gobierno, en el ministerio de Desarrollo Social. Al terminar la reunión, ante los periodistas, el ministro Juan Zabaleta fue más categórico sobre la auditoría de los planes sociales. “El que no estudie ni trabaje será dado de baja”, señalaron. En Desarrollo Social no se hacen cargo del cálculo aproximado de 400 mil planes supuestamente mal otorgados, que circuló en diferentes medios.
CFK había dicho en aquel polémico discurso, causante de una fuerte ruptura entre los movimientos sociales afines al gobierno de Alberto Fernández y el kirchnerismo: “El estado debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizada. Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? El Estado debe recuperar ese rol y transparentar ante la opinión pública todo esto”.
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Sergio Massa, en su inaugural discurso advirtió un "reordenamiento de los planes sociales".
En sintonía, Sergio Massa, en su inaugural discurso advirtió: “Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan”. El objetivo final es la conversión de planes en trabajo formal. Massa había dado algunas pistas tras su jura: “En el caso de aquellos planes que se incorporen al mercado de trabajo vamos a habilitar un mecanismo por el cuál aquel que tiene un plan e ingresa a una empresa, mantiene durante un año ese ingreso como base, el empleador paga la diferencia de ese salario de convenio más la ART y la Obras Social”.
Parece que tanto CFK, como Massa y Larreta advierten que el excesivo gasto público no mejora la calidad de vida ni la del contribuyente ni la de los beneficiarios de los planes sociales y peor aún si no hay un firme control en el otorgamiento y percepción de los planes. En la reunión con Zabaleta algunos intendentes aseguraron desconocer cómo funciona el Potenciar Trabajo en sus distritos y cuántos beneficiarios hay.
Según un informe de Idesa, el masivo desvío de recursos derivado de la pésima gestión pública y la ausencia de un ordenamiento integro del estado son de tal magnitud que, sumando el gasto asistencial nacional ($90 mil millones mensuales y provincial $30 mil millones mensuales) se llega a un monto de $140 mil millones mensuales, bastante cercano a lo que se necesitaría para que cada hogar pobre deje de serlo.
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