Luego agregó que “es que aquellos no solo contribuyeron a la materialización de distintos eventos de tinte violento e intimidatorio difundidos a través de múltiples plataformas y redes sociales, alcanzando notoriedad, trascendencia y publicidad frente a cientos de personas, sino que también llevaron a las calles sus manifestaciones, encarnando entonces un esquema verdaderamente guiado por el hilo conductor de imponer sus ideas y combatir las ajenas por vía del temor”.
Así para el fiscal se vislumbra “la existencia de un riesgo cierto de que los mensajes de la agrupación se traduzcan en la comisión de conductas penalmente relevantes, resulta entonces necesario que, teniendo en consideración la volatilidad que poseen los datos digitales y la postura adoptada en marco de este expediente frente a presentaciones de similares características, se lleven a cabo medidas en pos de preservar y asegurar elementos de prueba que podrían ser luego de imposible recuperación”.
En este marco, Pollicita le solicitó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que preserven los perfiles de las cuentas de las redes sociales desde las cuales se escribieron las amenazas y advertencias contra Cristina Kirchner y que también haga una “una vigilancia virtual de los perfiles en redes sociales de Sosa, Morel, Guerra y Basile” por 30 días para establecer “si desde aquellos se emiten mensajes y/o convocatorias de tinte similar a las que constituyen objeto de investigación en estas actuaciones y, eventualmente, se dispongan medidas a los efectos de prevenir y/o impedir hechos delictivos”.
Finalmente, el fiscal planteó el refuerzo de la seguridad de la vicepresidenta: “Se ponga en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación lo manifestado por las partes querellantes en sus escritos de fecha 22 y 23 de octubre del corriente, como así también lo aquí dictaminado y lo que en consecuencia V.S. resuelva, para que los encargados de la protección personal de Cristina Fernández de Kirchner tomen los recaudos que consideren necesarios”.
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