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Movilidad jubilatoria
El resultado del quorum anticipa una voluntad mayoritaria de aprobar el beneficio para los jubilados, pero la variedad de dictámenes abre un interrogante sobre si se podrá sintetizar en un único proyecto, que de obtener media sanción, podría convertirse en ley, dado que en el Senado las condiciones son numéricamente aún más favorables.
El principal punto en común entre los dictámenes de Unión por la Patria, la UCR, Innovación Federal y la Izquierda es que se adicione un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por efecto de la inflación por enero pasado. Incluso Pro está de acuerdo con esta recomposición aunque deja en manos del Poder Ejecutivo la modalidad de pago de esa deuda.
Los bloques opositores dialoguistas, al igual que el kirchnerismo pretenden, además, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Ambos dictámenes coinciden en que los haberes se actualicen mensualmente de acuerdo con el índice de inflación del INDEC. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
Asimismo, ambos proyectos proponen un eventual aumento adicional a aplicarse en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios RIPTE: si este indicador es mayor al índice de inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.
Los opositores también coincidieron en que la ley debería garantizar un piso del haber mínimo jubilatorio, el cual no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de $250.286 mensuales.
Unión por la Patria, sin embargo, advirtió que el valor de esa canasta está por debajo de la suma de una jubilación mínima más el bono ($260.141), por lo que propone que el jubilado y pensionado no debería cobrar menos que el valor de 1,2 canasta básica.
Por otro lado, los opositores dialoguistas, en su dictamen, establecen que la ANSeS debe cancelar con los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional; como así también con los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cuenten con sentencia firme. Propone un plazo de 6 meses, prorrogables por otros seis, para el pago de esa deuda.
El peronismo, en cambio, sostiene que los fondos del FGS deben mantenerse intangibles y sostiene que esas deudas deben afrontarse desde el Tesoro.
El bloque libertario, en tanto, presentó un dictamen que se limita a replicar el DNU presidencial que, en lo esencial, establece la actualización de los haberes previsionales con el índice de inflación, al tiempo que ratifica como toda recomposición por la inflación de enero el 12,5%, que ya fue otorgado en abril pasado.
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