Se supone que cuando están en prisión no deberían poder tener un contacto tan libre con el exterior, en especial, seguir realizando sus actividades delictivas. Ya no alcanza con apresarlos, sino que también hay que impedirles cualquier comunicación con alguien fuera que ejecute sus órdenes.
Incluso, días atrás, la Policía Federal allanó los penales de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza en búsqueda de narcos que siguen operando desde dentro, entre ellos el líder de “Los Monos” Ariel Máximo “Guille” Cantero.
Durante la mesa interdisciplinaria convocada esta semana por el procurador interino Casal, en la que participaron grupos de fiscales abocados a la narcocriminalidad, se expuso el informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Allí abundan los casos que muestran la profundización de la problemática y también sobre secuestros extorsivos coordinados desde las cárceles.
En ese encuentro se recomendó instalar inhibidores en las cárceles, requisas más rigurosas sobre todo aquellos presos de alto perfil criminal y más controles.
Según pudo saberla misma agencia de noticias, “ante el Procurador, la fiscalía anti drogas presentó un informe en el que hizo saber que ´las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles en establecimientos penitenciarios por parte de reclusos de alto perfil -por dirigir o pertenecer a organizaciones narcocriminales relevantes- continúa siendo de uso cotidiano´”, pese a la expresa prohibición de la ley.
Como resultado de la reunión, se requerirá a la Corte Suprema de Justicia que “se promueva un abordaje interinstitucional, coordinado e integral junto con el Poder Judicial de la Nación”.
“Del mismo modo, el procurador general decidió entablar una coordinación interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para promover un abordaje estructural e integral a la problemática tratada”.
Encuentro previo
Tal como informó Urgente24, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y el procurador general interino, Eduardo Casal, ya se habían reunido para abordar el conflicto narco rosarino en diciembre de 2021. En aquel entonces encabezaron una reunión con fiscales y jueces federales y provinciales en Rosario para coordinar investigaciones sobre narcotráfico y abordar temas relacionados con la narcocriminalidad y los delitos vinculados.
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Eduardo Casal y Horacio Rosatti con fiscales y jueces federales y provinciales en Rosario.
Parece que no pudieron combatirlo. Por muchos congresos que se celebren la escalofriante situación no da tregua. Esa fue la octava reunión de coordinación entre fiscales federales y provinciales que se hace en todo en la Argentina para compartir información sobre bandas narco.
El problema es que las fuerzas de seguridad que deberían perseguirlos responden a arreglos delictivos. El entramado llega a las esferas más altas del poder político que sostiene toda su estructura criminal presionado por sobornos, extorsiones y asesinatos. ¿Quiénes extremarán las medidas? ¿Los mismos que le facilitan los celulares a los presos? ¿La policía federal que allana y mágicamente no encuentra ningún dispositivo electrónico? ¿Los guardia cárceles que cobran abultados sobornos?
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