Al parecer, estos hechos venían sucediendo desde el año 1999 en diferentes partes de Argentina, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones. Tanto el intercambio de dinero como la satisfacción personal de terceros eran algunas de las razones detrás de estos actos inaceptables y condenables.
El juez entendió que las pruebas permitían advertir la existencia de "una organización dedicada a captar menores de edad con el fin de abusarlos sexualmente, corromperlos y prostituirlos", y también agregó que se observaba "una conducta que nunca ha cesado y que el paso del tiempo no ha hecho otra cosa que sistematizar y perfeccionar su accionar delictivo".
Además de los procesamientos, el juez dispuso el embargo de tres imputados hasta cubrir, cada uno, la suma de 10 millones de pesos, en tanto a Corazza lo embargó por 2 millones de pesos.
En su recurso, el fiscal Lugones argumenta que la medida de prisión preventiva es imprescindible para garantizar que Corazza se someta al proceso judicial de manera adecuada. Desestima las restricciones previas impuestas por el juez y considera “insuficientes” la prohibición de abandonar el país y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.
En estos momentos, la apelación interpuesta por el fiscal Lugones podría conllevar a una eventual privación de libertad del individuo acusado. La situación se mantiene en vilo mientras las autoridades judiciales valoran la validez de la petición del fiscal y las pruebas presentadas en el caso.
La denuncia ha puesto en marcha una investigación que busca arrojar luz sobre lo ocurrido y hacer justicia para las víctimas involucradas. La denuncia ha puesto en marcha una investigación que busca arrojar luz sobre lo ocurrido y hacer justicia para las víctimas involucradas.
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