Pollicita y la ruta de la blanquería
Mientras el Gobierno lograba frenar al Senado en su moción de censura contra Adorni, en la Justicia las cosas iban peor. El fiscal Gerardo Pollicita que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete empezó a analizar la polémica compra y ganancias que declaró Adorni con el famoso pendrive de criptomonedas.
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Manuel Adorni durante su informe de gestión en el Congreso (FOTO: CÁMARA DE DIPUTADOS)
Primero, el fiscal pidió una copia de la entrevista que le dio Adorni al canal LN+ cuando presentó su declaración jurada y admitió un ahorro ‘en negro’ mediante una operación con bitcoins que le habría reportado unos US$ 300.000 de ganancias y una tenencia total de US$ 500.000.
Pollicita también le solicitó a la Comisión Nacional de Valores que informe qué plataformas y billeteras de criptomonedas operaban en las fechas mencionadas por el funcionario.
En paralelo hizo una batería de requerimientos a los countries vinculados a los Adorni; a la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores; al juzgado de Rafecas donde se investiga al hermano del jefe de Gabinete; a la ANSES; al juzgado civil de La Plata donde tramita la sucesión del padre del jefe de ministros y a la División Antifraude de la Policía Federal para seguir la pista de las cripto.
Por último, surgió del análisis del celular del contratista de Adorni una compra de más de 8 millones de pesos en una tienda de blanquería facturada a nombre de la funcionaria Gisela Kocsis, lo que derivó en un pedido al local para que informe en qué consistió la venta. El comercio se dedica a comercialización de toallas, fundas de almohadas, acolchados y sábanas.
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