En ese sentido, el gobierno porteño adelantó que presentarán un proyecto en la Legislatura para que los trapitos que sean detenidos queden presos y que trabajan para presentar la iniciativa en marzo.
Por otro lado, Wolff aprovechó el contexto para hacerle un fuerte reclamo al Congreso Nacional:
“Esto con reincidencia se termina, nosotros iniciamos el camino legislativo pero esto lleva tiempo. Pedimos que reincidencia se trate a nivel nacional, porque tenemos transferidos solo el 20% de los delitos penales, robo y hurtos son delitos nacionales”, dijo el ministro porteño en referencia a la Ley de reincidencia que espera ser tratada y aprobada por los diputados y senadores nacionales.
Sobre el proyecto de reincidencia
En ese contexto, respecto del proyecto de reincidencia que envió el Gobierno al Congreso y que apuesta a cerrar la “puerta giratoria” judicial, para evitar liberaciones de detenidos a poco de ser arrestados, plantea los siguientes cambios en el Código Penal:
- “Se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”.
- “La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a extradición”.
- “No dará lugar a reincidencia la pena impuesta por delitos amnistiados o los cometidos por menores de dieciocho (18) años de edad”.
- “La pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando, desde su cumplimiento, hubiera transcurrido un término igual a aquel por el que fuera impuesta, que nunca excederá de diez (10) años ni será inferior a cinco (5) años”.
Puerta giratoria
Por otro lado, el ministro de Seguridad porteño explicó en declaraciones radiales que la situación es recurrente, pero debido a las inconsistencias de la Justicia y las leyes, los trapitos son detenidos y liberados a las pocas horas.
“Durante enero la Policía de la Ciudad detuvo 600 trapitos, durante enero hubo solamente 600 contravenciones. Nosotros lo detenemos y, con la herramienta jurídica que tiene el fiscal, lo tiene liberar, porque hoy la ley dice que es una contravención con entre uno y dos días de trabajo comunitario, con una pena de unidades fijas o retributivas que hoy ronda los $30.000, y que nunca se cobra”, explicó.
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