2.
Desde la oposición también hicieron su aporte, y en ese sentido, la segunda semana de marzo de este año los diputados Martín Tetaz y Martín Berhongaray propusieron retirar planes sociales a quienes ataquen el mobiliario público nacional.
El texto del proyecto plantea que se excluya “del pago de beneficios sociales, subsidios, y planes sociales a todo aquel que participe individual o colectivamente en el ataque al mobiliario público nacional según lo dispuesto en el artículo 184, inciso 5, del Código Penal de la Nación”.
Asimismo, indica que deberán propiciarse “la realización de tareas de trabajo voluntario en concepto de reparación de los daños causados a quien se encuentren excluidos de los beneficios”. El proyecto también quedó en la nada.
3.
Otra iniciativa que se presentó fue la del diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) junto a los diputados Karina Bachey, Héctor Stefani, Gerardo Milman, Lidia Inés Ascarate, Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez y Germana Figueroa Casas, quienes en abril de este año pidieron información sobre los requisitos y condiciones en los que se asignan los planes sociales. “En los últimos años, una gran parte de los líderes de los movimientos sociales, a quienes le llegan la mayoría de esos programas sociales, se han adueñado del manejo de los fondos de los mismos y también del otorgamiento y de su distribución”, argumentaron al presentar el proyecto que tampoco tuvo ninguna devolución en la Cámara baja.
Más control en los planes sociales
4.
Asimismo, se presentó en el Congreso Nacional una iniciativa de la Coalición Cívica, que en abril de este año presentó un proyecto de resolución con cuatro pedidos de acceso a la información pública, acerca del otorgamiento y el control de los planes sociales.
En concreto, los diputados nacionales de la Coalición Cívica pidieron información a la Unidad de Información Financiera (UIF); al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y a la Oficina Anticorrupción, acerca del otorgamiento y el control de los planes sociales. Ese pedido llega al Congreso porque, lo que la oposición sospecha, es que hay funcionarios que se otorgan planes "a ellos mismos".
5.
Luego, la primera semana de mayo el diputado nacional Álvaro González (PRO) presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe de manera “precisa y detallada” sobre los planes y programas sociales que se asignan en todo el país.
Entre otras cuestiones, el proyecto solicita que se enumere e identifique los programas, planes y proyectos sociales vigentes indicando “beneficiarios, financiamiento, monto total, criterio y monto de asignación por beneficiario, requisitos de acceso y permanencia, duración del otorgamiento del beneficio, causas y procedimientos de suspensión y extinción del beneficio, mecanismos de verificación de cumplimiento de la normativa”.
6.
En la última semana de mayo también ingresó al Congreso un proyecto impulsado por un grupo de diputados de Juntos por el Cambio. En esa línea, piden tratar y aprobar un proyecto de ley que para que las organizaciones que realicen piquetes no accedan al beneficio de cobrar planes sociales.
En ese contexto, Juntos por el Cambio explicó que en lo que va de año, solo en el centro porteño se han realizado más de 2.500 piquetes, y aunque entienden que los reclamos al Gobierno -de más empleo, alimentos y aumentos en los planes sociales- son válidos, consideran que también hay que "defender los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación".
Y a su vez, aseguran que el objetivo del proyecto "consiste en contener la pulsión que tienen estas organizaciones de avasallar los derechos de los argentinos al no permitirles a los mismos desarrollar su vida normalmente, impidiendo ejercer su derecho garantizado por la Constitución Nacional y el Código Penal a circular en libertad".
7.
Por último, en junio ingresó un proyecto de ley al Congreso que suprime gradualmente los planes sociales. La iniciativa llamada "Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad" propone unificar todos los planes sociales y que los beneficiarios trabajen y se capaciten, y a su vez, propone que quienes reciben las prestaciones sociales lo hagan por un máximo de dos años.
Además, la iniciativa establece que si un beneficiario de un plan social es detenido infraganti provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional o cortando el libre tránsito sin autorización previa, será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva.
