Los procedimientos son 20 en total, todos dirigidos a una presunta célula que opera para "Los Monos" y está bajo sospecha de múltiples intimidaciones.
El fiscal Carbone dialogó con el programa televisivo Cada Día (Rosario) y comentó que los sospechosos que cayeron en estos operativos serán llevados a audiencia imputativa este miércoles en el Centro de Justicia Penal de la ciudad.
Uriel Luciano "Lucho" Cantero, el heredero
"Lucho" es el hijo del asesinado líder de la narcobanda rosarina "Los Monos", Claudio "Pájaro" Cantero quien, a su vez, fue imputado por la Justicia de Rosario en 2022 como presunto jefe de una asociación ílicita dedicada a controlar territorios en los que se cometieron delitos graves con el objetivo de obtener grandes beneficios económicos.
El joven, de tan sólo 19 años, operaba la organización delictiva junto a su madre, Lorena Verdún, y su novia, Erica Bullón. Entre los tres manejaban a otras 25 personas las 24 horas del día ordenando "atentados con armas".
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Uriel Luciano "Lucho" Cantero, el heredero
Lo que hay detrás del hijo del líder de "Los Monos"
En septiembre de 2022, 28 personas fueron imputadas por estar vinculadas a su banda. Según la Fiscalía, el grupo se dedicaba a a participar de distintos delitos como homicidios, lesiones, encubrimientos, amenazas, extorsiones, abusos y portaciones de armas, y tenencia ilegal de armas de fuego. La zona más influenciable era en el sur de la ciudad.
En relación a "Lucho", la acusación detalló que "Opera desde la cárcel federal de Marcos Paz (Buenos Aires) las 24 horas del día ordenando atentados con armas de fuego contra diferentes personas, eligiendo a quienes van a cumplir cada uno de los roles en los hechos, adquiriendo y disponiendo el uso de armas de fuego y vehículos, autorizando el pago a los miembros de la organización por los trabajos realizados y por los gastos ocasionados, decidiendo dónde se guardan o se esconden las armas y los vehículos de la banda, organizando y administrando la atención de los puntos de venta de drogas y controlando su recaudación”.
A raíz de eso, la fiscal que investiga la causa, Marisol Fabbro, verificó que él junto a su madre son quienes autorizan la venta de estupefacientes y dan el visto bueno de las zonas donde pueden operar. Por lo cual, determinó que "El ejercicio de violencia que rodea dicha comercialización también se encuentra gestionado y amparado por ellos. En palabras sencillas, se comportan como dueños del territorio y ninguna actividad puede tener lugar allí sin su autorización”.
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