Fundamentos
Los fundamentos del proyecto de las diputadas arrancan con lo que denominan "el involucramiento" de Milman con el atentado contra Cristina Kirchner. La legisladoras afirman que ese presunto vínculo "está lejos de ser esclarecido". Dan crédito a la versión de un testigo, un asesor oficialista de la Cámara Baja, quien declaró haber oído de Milman que este conocía con anterioridad que la Vicepresidente iba a sufrir un intento de asesinato, que ocurrió el 01/09 último. Pero los investigadores no pudieron determinar la veracidad de aquella declaración y el testigo terminó denunciado por falso testimonio. Tal vez por ese motivo, Cristina Kirchner no incluyó ese episodio en su diatriba contra Milman en Avellaneda.
Luego el proyecto sí abunda sobre aspectos aludidos por la Vice, como el caso de la asesora Carolina Gómez Mónaco que en el año 2017, cuando Milman se desempeñaba como Secretario de Seguridad de la Nación, fue designada como Directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito sin ninguna experiencia previa que le otorgara competencias para ejercer ese rol institucional, como así también el de su hermana, Daniela Gómez Mónaco, designada Jefa de Administración de la Dirección de Inteligencia Criminal, “con acceso a importantes fondos reservados”.
Otro punto que argumenta el pedido de inhabilidad moral son “otros asesoramientos” en temas de seguridad del diputado. Según las denunciantes, el 01/09 de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra. Pero también a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y le habría pagado al diputado más de $600.000en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”.
Por otro lado, desde el Frente de Todos también reclaman que se investigue el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado, lo cual entraría en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
Finalmente, el proyecto se hace eco de la denuncia penal recientemente presentada por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra Milman y Patricia Bullrich por los delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Según Aníbal Fernández, se trataría de la presunta contratación de 18 espías en el tiempo en que estuvieron a cargo de la cartera durante el gobierno de Mauricio Macri. En todos los casos fueron personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal.
"Los hechos relatados, lejos de ser exhaustivos y muchos de los cuales se encuentran actualmente en investigación en sede judicial para determinar si constituyen actos criminales, sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa. Es por esto que solicitamos a nuestros pares acompañar el presente proyecto de resolución", concluye la fundamentación de proyecto.
Respuesta del PRO
Tras el pedido de las diputadas oficialistas, el bloque del PRO en la Cámara Baja volvió a respaldar a Milman. En un comunicado, la bancada dijo que "el kirchnerismo está montando un show electoralista y dictamina, de antemano, una condena al margen de la Justicia contra el diputado nacional Gerardo Milman y la diputada provincial Florencia Retamoso". Retamoso es esposa del diputado.
Para los legisladores, dicha campaña es "a los fines de equiparar el sistema de corrupción que se investiga en los Tribunales y que los jueces, en sus respectivas instancias, han condenado a numerosos funcionarios del partido gobernante, incluida la actual Vicepresidenta" condenada a 6 años de prisión.
"No vamos a cometer el agravio institucional de los kirchneristas que son maestros en violar la Constitución", resaltó.
"Vamos a seguir respetando el funcionamiento independiente de los tres poderes, y cuando algún integrante de la oposición que componemos, sea citado por la Justicia, confiaremos en ella, para que cada uno de los acusados ejerza su legítimo derecho a la defensa", agregó.
"Acompañaremos siempre el esclarecimiento de cualquier tema reñido con la ley, salvaguardando los procedimientos ajustados a derecho. Porque, recuerde el oficialismo, para legislar al servicio del bien común y de la República, primero hay que hacer lo que manda la Constitución y no el interés mezquino que divide, corrompe y miente", finalizó el comunicado del PRO.
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