Para respaldar ese último punto, la presentación incorpora referencias a los registros del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sobre agresiones y ataques contra trabajadores de prensa.
Además de la figura de incitación a la violencia colectiva, los denunciantes solicitaron que, de manera subsidiaria, se investiguen posibles delitos de intimidación pública (artículo 211 del Código Penal), amenazas (artículo 149 bis) e incitación al odio por motivos políticos, contemplada en el artículo 3 de la ley 23.592.
Entre las medidas requeridas a la Justicia figuran la preservación del registro audiovisual completo del discurso presidencial y la citación de los periodistas mencionados para que puedan aportar su testimonio.
También pidieron que se dispongan medidas de protección a favor de los comunicadores alcanzados por las declaraciones.
Amnistía Internacional también denunció a Milei
Las declaraciones de Javier Milei en la cena de Fundación Faro contra un grupo de periodistas también tendrán repercusiones fuera de la Argentina. El pasado lunes, Amnistía Internacional anunció que presentará una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que el Presidente utilizara expresiones violentas para referirse a comunicadores que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA.
La decisión fue comunicada por la organización a través de sus canales oficiales, donde manifestó su preocupación por lo que considera un incremento de los ataques verbales del mandatario contra la prensa.
La organización sostuvo que las declaraciones presidenciales representan una escalada de hostilidad hacia quienes ejercen el periodismo y advirtió sobre las consecuencias que pueden tener este tipo de mensajes cuando provienen de la máxima autoridad del país.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, cuestionó especialmente que Milei identificara públicamente a periodistas y recurriera a expresiones violentas para descalificarlos.
Según la entidad, este tipo de intervenciones puede generar intimidación y desalentar investigaciones periodísticas sobre asuntos de interés público.
Amnistía también remarcó que los funcionarios tienen una responsabilidad particular en la protección de la libertad de expresión, incluso cuando consideran que determinada información es incorrecta o perjudicial para sus gobiernos.
La presentación ante organismos internacionales buscará poner estos episodios en conocimiento de las instancias encargadas de supervisar el cumplimiento de los compromisos de los Estados en materia de derechos humanos.
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