Personal de Prefectura Naval vestido de civil concurrió en distintas fechas y horarios al local para realizar tareas de investigación, no vieron a menores de edad, pero de todos modos el 6 de diciembre del 2017 se allanó con la participación de especialistas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata.
Pasó el tiempo y en abril del 2018, según Nebbia, la Cámara Federal de Roca hizo un llamado de atención por el lento trámite de la causa. Recién el 7 de septiembre se llamó a declarar a una de las presuntas víctimas, una mujer de nacionalidad dominicana. En el local había 5, pero a ellas nunca se les tomó declaración, y al poco tiempo desaparecieron sin dejar rastros. Hasta el día de hoy no se las pudo volver a localizar.
La única entrevista a las mujeres que figura en el expediente la realizó una psicóloga del Programa Nacional, y no tiene el peso de una declaración judicial La única entrevista a las mujeres que figura en el expediente la realizó una psicóloga del Programa Nacional, y no tiene el peso de una declaración judicial
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Neuquén, provincia en la que está ubicada la localidad de Añelo, al igual que toda la Patagonia, es una zona de destino para las victimas de este delito. Mientras que los lugares de origen son, en cuanto a las víctimas argentinas, Misiones, Tucumán y Santiago del Estero. Entre los orígenes de extranjeras, los más destacados son República Dominicana, Perú, Paraguay y Bolivia. Todos los territorios donde hay importantes ingresos, son el destino de las mujeres que caen en manos de las redes de trata. Mayoritariamente la ruta del petróleo y la ruta de la soja, están en la mira de estas redes. Entre los destinos neuquinos figuran San Patricio del Chañar, seguido por Neuquén Capital, Añelo, Zapala, Centenario, Plottier y Rincón de los Sauces.
Demasiadas demoras
En octubre se procedió a la indagatoria de los encargados del local, que tenía habilitación municipal, y en agosto de 2019 se pidió su procesamiento: "Un año y 9 meses después de la denuncia", remarcó el fiscal.
El procesamiento fue dictado en febrero del 2020, y en marzo la fiscalía pidió la ampliación de la indagatoria y del procesamiento para imputarles otros delitos.
El juez respondió en septiembre y le devolvió el expediente a la fiscalía, que contestó en febrero del 2022. En abril de ese año se concretó la elevación a juicio de la causa.
Nebbia destacó que inicialmente, la propia fiscalía solicitó el sobreseimiento de los imputados de la acusación por "administrar y regentear" un prostíbulo "por haber prescripto la acción penal por el paso del tiempo".
Pero siguió adelante con otros delitos: explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, captación y acogimiento Pero siguió adelante con otros delitos: explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, captación y acogimiento
Pero no reunieron pruebas para comprobar ninguno de esos delitos: "No había situación de sometimiento o explotación sexual dentro del local", dijo el fiscal, "no se puede afirmar que las mujeres recibían sólo el 50% del valor de las copas que pagaban los hombres; ellas tenían libertad para moverse; no les retuvieron el documento; no les controlaban las salidas ni les imponían sanciones", enumeró.
Los imputados "siempre estuvieron a derecho", aclaró, y remarcó que los defensores no incurrieron en maniobras dilatorias.
Y dijo el fiscal en la audiencia en la cual retiró la acusación contra las dos personas imputadas:
Toda la demora es atribuible a nosotros Toda la demora es atribuible a nosotros
Y retiró la acusación.
Los defensores Varela y Orpianessi prestaron conformidad. El juez Cabral dictó el sobreseimiento, y lamentó que el caso haya llegado a juicio "en cinco años y no en cinco meses. Habríamos podido citar a las víctimas y tal vez algo distinto podría haber surgido", reflexionó.
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