La ley actual establece que "el haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%), de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al interesado por el desempeño del cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio".
Además, se incrementan en un 7% los aportes al fisco de los funcionarios del Poder Judicial y diplomáticos, que actualmente es del 11% más 1% adicional sobre la remuneración.
Antes de que el proyecto comience a tratarse en el Congreso, a la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, le aceptaron la renuncia al cargo de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía Número 4. Así, el nuevo régimen jubilatorio no podrá alcanzarla.
Caamaño es la presidenta de Justicia Legítima, comandó el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) durante la gestión de Alejandra Gils Carbó como procuradora, fue titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), fue la fiscal de la causa por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y ocupó la Secretaría de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré.
