En la misma línea, el comunicado dice que Alberto Fernández "pidió también al Congreso 'que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial'", omitiendo considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional.
Y asevera: "El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de 'control cruzado', ajeno al orden constitucional jurado". Además, detalla: "También ha preocupado una afirmación errada sobre que 'ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias'".
En este contexto, los integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional afirman que "es sabido que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia".
Y concluyen: "Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir".
Para cerrar, afirman: "Coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: 'Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca'. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones".
La AMFJN es conducida por el juez Marcelo Gallo Tagle, que ayer dijo al diario 'La Nación' que la iniciativa de la comisión Bicameral para investigar al Poder Judicial "es una locura".
Pero también hubo otra entidad que expresó su preocupación al respecto. Desde la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), se emitió un documento titulado "Para que una democracia funcione es indispensable que se respeten las instituciones básicas de la Constitución".
"FAM rechaza las expresiones del Sr. Presidente de la Nación pronunciadas en el Congreso, en oportunidad de la apertura de sesiones ordinarias, dirigidas a generar deslegitimación y un cuestionamiento sistemático hacia uno de los poderes del Estado", dice el comunicado en su introducción.
"No contribuye a la convivencia pacífica fomentar la desconfianza sobre el accionar de las instituciones fundamentales de la República de la que dependen los derechos de la sociedad del país", agrega el comunicado de la FAM, presidida por el abogado Ariel Ariza.
"No es lógico que se fomente una mirada descalificante sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus pronunciamientos, a los que en un Estado de Derecho tienen que someterse todos los integrantes de la sociedad y en especial las autoridades de los demás poderes. Ese enfoque deteriora la institucionalidad y prosigue con la serie de ataques a la independencia judicial que se han venido sucediendo".
