En tal sentido, el Enargas precisó que “dichos comportamientos y conductas resultan en una preliminar significación penal de, al menos, los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta, debiendo responder en calidad de coautores”.
“Cabe agregar que la denuncia se dirige también contra todas aquellas personas que eventualmente se identifiquen como penalmente responsables de los hechos”, añadió el organismo.
La denuncia incluye a Aranguren, a Daniel Perrone, ex subinterventor de Enargas; Andrés Chambouleyron, ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria; David Tezanos, ex interventor de Enargas; Andrés Ferraris, ex director nacional de Política Tarifaria; Juan Manuel Carassale, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Energía; y Graciela Bevacqua, ex directora técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INdEC).
“Los hechos de la denuncia de sustentan en una presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria, la cual tiene enorme relevancia en el cálculo tarifario, dado que incide en la tarifa desde dos puntos de vista, a saber: rentabilidad y amortizaciones. Lógicamente, ello impacta en la tarifa de los usuarios y las usuarias”, puntualizó el Ente.
Indicó que “se habría manipulado y establecido arbitrariamente el factor de actualización de la base tarifaria de las licenciatarias del servicio de transporte y distribución de gas por redes muy por encima del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo correcto y transparente, a fin de asegurarles a dichas empresas un ingreso indebido solventado por los usuarios y las usuarias al pagar periódicamente las facturas de gas”.
De acuerdo al Enargas esto “tuvo un efecto sobre las tarifas del servicio que se refleja en los mayores montos en concepto de rentabilidad y amortizaciones que les aportaron a las licenciatarias ingresos en exceso para el quinquenio 2017-2021 por al menos $ 21.255 millones constantes de diciembre de 2016, equivalentes a US$ 1.343 millones, si se los compara con una propuesta alternativa analizada por los mismos funcionarios involucrados”.
Cabe recordar que en junio pasado, Bernal ya había denunciado a Aranguren por el aumento de las tarifas del gas en 2018. La acusación fue por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles".
"Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación 'contractual', con precios en dólares, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas", sostuvo el interventor Bernal tras presentar aquella denuncia.
