"El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado", explicó. En ese sentido, dijo que "las empresas no se beneficiaron con los aumentos, no fue a las empresas, sino que redujo los subsidios que se pagaban a los usuarios".
"Se que lo que hecho fue conforme a lo que la ley me obliga y será el juez el que tome la decisión", dijo. Ahora el juez Rodriguez debe definir si dicta su procesamiento.
"En ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público", siguió el ex ministro de Energía y Minería.
Aranguren prestó declaración ante el magistrado en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia impulsada por los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.
A Aranguren se le imputan al menos ocho hechos, vinculados con la suba de tarifas, la compra de gas a Chile y haber favorecido durante su gestión a la multinacional de origen anglo-holandés.
En el caso de Chile, explicó que "logramos reemplazar un gas que no existía, que es el que venía de Bolivia porque no había más y así lo declararon en el expediente el ministro de Energía de Bolivia y gerente de YPF". “No había mayor capacidad de las plantas de regasificación. Era siempre más conveniente importar gas previamente regasificado en Chile que consumir gasoil y eso le significó al estado nacional un ahorro de 54 millones de dólares”.
En la causa también deberá declarar la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, imputada por encubrimiento.
Según consta en la denuncia que investiga el juez Rodríguez, tanto Tailhade como Doñate habían alertado a ese organismo por la incompatibilidad de intereses sin obtener respuesta alguna.
Cabe recordar que cuando Macri convocó a Aranguren a su gabinete, él se retiró de Shell -donde trabajó durante 37 años- y, como gratificación, la petrolera le entregó acciones.
En aquel momento, la líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, criticó a Aranguren al decir que el ministro “ no podía lanzar una licitación para comprar gas y adjudicárselo a una empresa donde tiene acciones”.
Luego, en mayo de 2016 los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, iniciaron una denuncia en la que acusaron a Aranguren de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su “doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.”.
Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer “más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell”, que vendería meses después.
Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.
También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la “compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia”, lo que habría puesto “en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino”.
