El asunto es muy concreto aunque delicadísimo: se ha denunciado una asociación ilícita de la que sería partícipe necesario, cuanto menos, el ya citado funcionario Lanús, para que un subconcesionario o subconcesionarios del exPaseo se apropien de la concesión.
En verdad, y apelando a la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, el denunciante, Alberto Guillermo Ferrazano, titular de Panter SRL, ya accedió, vía su abogado, Guillermo Tiscornia, a los pliegos en elaboración de la posible nueva concesión del espacio.
Esta información aparece en el punto 8 de la ampliación de denuncia:
"Se abona dicha afirmación a partir de lo actuado en el marco del expediente licitatorio y tramitado ante el AABE; es mas con fecha 2/09/19 continúa la marcha de dicho proceso licitatorio, muy a pesar del trámite del presente expediente judicial; y muy a pesar, también, de todos y cada uno de los planteos efectuados por PANTER S.R.L. en el marco del comentado expediente concursal. Se acompaña a los efectos de una adecuada ilustración de V.S. copia simple del expediente administrativo relacionado con este punto."
Lanús / AABE han terminado provocando, con un polémico e inusual lanzamiento del concesionario con fecha de vencimiento 2020, una anarquía institucional en el exPaseo de la Infanta, y que incluye la inacción llamativa de otros espacios jurisdiccionales del Estado. Es el caso de la Agencia de Control Gubernamental, que lidera el comisario Ricardo Pedace, pasiva ante la ocupación comercial de espacios públicos en la jurisdicción concesionada de la AABE.
La causa judicial está en marcha, garantizándole a Lanús una causa penal posible cuando ya no se encuentre al frente de la AABE. Siempre es un problema para los ex funcionarios seguir deambulando, aunque con menos poder, por Comodoro Py o sucedáneos.
El problema en este caso es que un eventual procesamiento de Lanús obligaría a la citación a indagatoria de Marcos Peña ya que la AABE depende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
En teoría -y sólo en teoría-, la Jefatura de Gabinete es responsable de aquellas decisiones de la AABE que convalidó.
