En el Congreso, la senadora oficialista cuestionó que Conte Grand -que antes de ser procurador había sido funcionario del gobierno de Vidal- siguiera siendo el jefe de los fiscales luego de que trascendieran los videos . "¿Qué garantía tenemos los bonaerenses de tener una justicia democrática?”, preguntó Di Tullio, y aseguró que se cansó “de ver persecuciones los cuatro años del gobierno de Macri”.
En contra de las expresiones de la senadora fue que reaccionaron los fiscales.
“Constituye un deber ineludible de todos resguardar la institucionalidad democrática de nuestro país. El respeto hacia los miembros de otros poderes, de todas las jurisdicciones, se erige en un elemento vital de la convivencia, el equilibrio institucional y el fortalecimiento de la democracia”, señala el documento de los procuradores que reclama “moderación y seriedad” y pide evitar que “al emitir pareceres se comprometa, incluso como único objetivo aparente, el honor de funcionarios, en el caso de otras jurisdicciones y poderes”.
La aclaración sobre las jurisdicciones tendría que ver con que el presunto plan urdido por Villegas escaparía a la órbita de Conte Grand, ya que la causa contra el 'Pata' Medina, por ejemplo, era de competencia federal. En ese entonces, la procuradora general de la Nación era Alejandra Gils Carbó, designada a instancia de Cristina Kirchner e inspiradora del colectivo de jueces filo K Justicia Legítima.
El comunicado afirma que Di Tullio “agravió” a Conte Grand y afirma que aun cuando las declaraciones “se pretendan amparadas por la garantía de inmunidad de opinión de la que pueden gozar los señores legisladores, lesionan en modo directo el normal funcionamiento de las instituciones y constituyen una afectación de la sana convivencia institucional y el respeto por la división de poderes”.
El comunicado de los procuradores sostiene: “No podemos dejar de señalar, asimismo, que este episodio se enmarca en una serie de sucesos que, en distintos ámbitos provinciales, vienen configurando un ataque a los respectivos Ministerios Públicos, lesionando sensiblemente su autonomía e independencia, tal como lo hemos venido denunciando desde estos Consejos”.
Firman el documento difundido los procuradores y fiscales generales de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
