El fiscal Dante Vega es increíble pero a nadie le paareció reprochable lo que él hizo. Dejen de lado a Walter Bento y todo este caso judicial: hasta en la Provincia de Formosa, que tanto desprecian los jerarcas mendocinos del ex Juntos por el Cambio, esa irregularidad hubiese sido sancionada. En Mendoza lo ignoraron los medios de comunicación que presumen de informar a la opinión pública.
Durante la jornada judicial del jueves 02/11, declararon los profesionales a cargo del tratamiento psiquiátrico de Javier Santos Ortega, a quien definieron como un paciente hiper vulnerable y de alto riesgo.
La defensa sostuvo que la indagatoria de Santos Ortega en esta causa era nula, toda vez que se le tomó declaración en una comisaría, horas después de que se hubiera intentado suicidar y bajo el efecto de medicación psiquiátrica.
Esto lo confirmó el psiquiatra tratante de Santos Ortega, quien explicó que, producto del intento de suicidio, le tuvo que ajustar la medicación al paciente administrándole litio (un poderoso estabilizador del ánimo para evitar las ideas suicidas) ansiolíticos e hipnóticos, lo que condicionaba severamente su estado psíquico.
Ante preguntas de la defensa de Bento, el psiquiatra Bernales consideró que, al haber consumido esta medicación, el Sr. Ortega no se encontraba en condiciones de ser sometido a una indagatoria. En ese sentido, dijo que Santos Ortega carecía de discernimiento, autodeterminación ni juicio crítico.
No es menor destacar que una de las mayores conquistas desde el regreso de la democracia fue la expresa prohibición de recibir declaraciones indagatorias en comisarias.
Sin embargo, en este caso no sólo se vulneró esta prohibición, sino que la declaración fue tomada por el comisario y horas después en que el imputado había intentado suicidarse, en un estado de suma vulnerabilidad.
Por su parte, el psicólogo Guillermo Mesina reforzó lo manifestado por el psiquiatra Bernales, ratificando que Santos Ortega es una persona que no tiene capacidad deliberativa, y que el encierro es un detonante de su condición psíquica que le impide tener discernimiento y juicio crítico.
Lo más grave de todo es que, ante semejantes revelaciones, el Tribunal no ha tomado ninguna determinación ni adoptado medida alguna a los fines de sancionar a los responsables de estas aberrantes prácticas que nos remontan a los años más oscuros de nuestra historia.
En condiciones normales, cuando circunstancias como estas toman notoriedad, los funcionarios públicos que se anotician al respecto se encuentran obligados por ley a extraer testimonios e iniciar una investigación para castigar al comisario, al Fiscal y al Juez que le tomaron declaración en esas condiciones, pero hasta ahora ni las juezas del tribunal ni la Fiscal de juicio hicieron absolutamente nada, sino que, con su silencio, encubrieron a los responsables.
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