"Hoy, los beneficiarios del fallo YPF fueron mucho más desafiados que la República Argentina", dijo Maril en un tuit en el que además comentó que el tema de la jurisdicción "acaparó el 95% de la sesión".
"Con sus preguntas, los jueces nunca van a revelar su opinión durante los argumentos orales. Buscan ver cuán sólido son las defensas de las partes. Argentina salió muy bien parada si analizamos las preguntas formuladas por los jueces y sus comentarios. Pero no hay que asumir que el fallo será en base a lo ocurrido hoy", sostuvo.
De acuerdo a la crónica de Román Lejtman en Infobae, los jueces Chin, Cabranes y Robinson preguntaron sobre asuntos claves del expediente: la diferencia jurídica entre el Estado Nacional y la compañía petrolera, la jurisdicción que debería tratar el litigio -Buenos Aires o New York- y el monto de US$16.000 millones que estableció Preska como indemnización.
Los tres magistrados -agrega- formularon al menos 23 preguntas directas a Robert Giuffra, abogado de la Argentina, y 22 a Paul Clement, abogado de Burford Capital.
"No creemos que la Corte debió haber tomado el caso, pero entendemos que se debe revisar de manera independiente si la jueza Preska aplicó correctamente la ley argentina, y esa es la verdadera discusión del caso”, dijo Giuffra ante las preguntas del tribunal.
"Consideramos que este caso nunca debió resolverse en una corte estadounidense, ya que todos los puntos en disputa giran en torno a reglas locales”, insistió.
A su turno, Paul Clement, abogado de los demandantes, refutó la posición argentina que sostiene que los inversores debían agotar exclusivamente el fuero argentino.
“No hay ningún texto en el derecho local que establezca remedios exclusivos”, sostuvo Clement. Al mismo tiempo, calificó como “irrelevante” que los accionistas representados no sufriesen expropiación directa, al sostener que “Argentina se negó a cumplir con las obligaciones estatutarias, incumpliendo un contrato”.
La Corte interrogó a Clement sobre la idoneidad del tribunal de Nueva York para tratar estos conflictos. El abogado, girando sobre un argumento que sostiene los intereses de Burford, invocó factores de conveniencia y riesgos procesales en Argentina. "La elección de foro estadounidense es común en casos donde el demandante teme no obtener un trato imparcial en juzgados extranjeros”, respondió.
Al cierre de la audiencia, el abogado de YPF fundamentó porqué la compañía petrolera debía quedar al margen del expediente, como resolvió Preska. Un fallo que los abogados de Burford apelaron.
Por su parte, Cronista.com publica la posición de la Procuración del Tesoro, que aseguró que los abogados argentinos presentaron su defensa "con claridad, convicción y determinación".
Según esa versión, el argumento argentino fue que el tribunal estadounidense interpretó erróneamente el derecho argentino y construyó el fallo sobre "una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias".
La Procuración que conduce María Ibarzabal Murphy indicó que los jueces del tribunal de apelación cuestionaron duramente algunas posturas de los demandantes. Uno de ellos incluso cuestionó: "Si lo diéramos vuelta, si fuese USA, ¿cómo nos sentiríamos si se juzgara en Argentina?".
Agregaron que los jueces se mostraron incluso sorprendidos de que no se haya tratado antes la no pertinencia del tribunal que había tratado el juicio en los últimos 10 años.
Además, según el mismo despacho, los magistrados fueron mucho más incisivos con los demandantes en términos generales, cuestionando no solo su planteo a la pertinencia de que el juicio se desarrolle en Nueva York, sino también recordando que la audiencia se trataba sobre la conveniencia del foro y no sobre otros aspectos del proceso judicial. Insistieron, dice, en que los reclamos de los accionistas fueron atendidos cuando se alcanzó un acuerdo con Repsol e incluso cuestionando que no es "tan claro" que hubo un incumplimiento del contrato.
El planteo argentino sostuvo que el incumplimiento está basado en las leyes locales y la continuación del juicio en USA viola la ley de inmunidad soberana y las leyes locales.
Además, destacaron que todos los amicus curiae fueron presentados a favor de la Argentina y plantearon que la ley de expropiación en su artículo 28 fija que ninguna acción de terceras partes puede impedir la expropiación ni sus efectos.
Plantearon también que no se trataba de un juicio comercial, algo que, subrayaron, ya fue marcado por la Corte Suprema local que lo consideró un juicio correspondiente a la ley pública y no a la ley privada.
"Subrayaron la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apeló al sentido de justicia del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos", agregaron desde la Procuración del Tesoro.
La postura argentina es que el caso no es de derecho bursátil estadounidense ni refiere a la oferta pública inicial (IPO) de 1993, uno de los argumentos esgrimidos por los demandantes para defender la correspondencia de que el caso se lleve en Nueva York.
La Argentina mostró que las acciones fueron compradas por los demandantes 15 años más tarde de la oferta pública, a través de operaciones privadas con Repsol.
Desde la Procuración subrayaron que se trató de operaciones "rodeadas de serias sospechas de corrupción" y que fueron concretadas con inversiones de capital mínimas que serían cubiertas con los propios rendimientos de la participación de la compañía.
"Junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes. Eran plenamente conscientes de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales argentinos, utilizando los remedios procesales y sustantivos previstos en nuestro ordenamiento jurídico", agregaron desde la Procuración.
Mientras que la defensa argentina planteó que los demandantes nunca optaron por recurrir a los tribunales argentinos y presentaron su reclamo en USA años después, algo incluso planteado por los jueces, los demandantes sostuvieron que la posibilidad de resolver los litigios en los tribunales argentinos es una opción planteada por la ley, pero no la única alternativa a la resolución de los conflictos.
Argentina también planteó en un segundo momento discutir el monto y la tasa de interés. El argumento fundamental radica en que para el cálculo de la pena debería tomarse el tipo de cambio del día de la expropiación y no el del día de la sentencia (septiembre de 2023).
El fallo en total fue por u$s 16.000 millones, pero hoy supera los u$s 18.000 millones por los intereses. La tasa vigente ronda el 8% y es considerada excesiva.
"El verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria", dispararon desde la Procuración y agregaron que el fondo adquirió el reclamo por 15 millones de euros, por lo que perseguiría una ganancia superior al 37.000%.
"Burford Capital ha manifestado públicamente su intención de 'poner arena en los engranajes' del proceso de normalización de la Argentina, es decir, obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global", agregaron desde el organismo.
Desde el Gobierno se muestran optimistas de que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión de la Corte del Distrito y reconocerá que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones.
Se espera que los magistrados tengan una decisión hacia el primer trimestre de 2026.
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