La identificación es posible gracias a la base de datos provista por la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Co.Na.R.C.), que cuenta con más de 46.000 fotografías de delincuentes y se actualiza a diario. Una vez que se reconoce el rostro y se obtiene confirmación del banco de imágenes, se ordena demorar a la persona.
Pero los resultados no fueron del todo positivos. Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se emitió un informe crítico del sistema de reconocimiento facial. Además, pidieron una mejor comunicación con el Poder Judicial para subsanar los errores informativos del sistema y "evitar detenciones erróneas".
Tras realizar una auditoría del sistema, el organismo público destacó en su informe los casos de Daniel Leonardo Frey, Leonardo Colombo Vina y Guillermo Federico Ibarrola. Tres personas que fueron detenidas pero que no eran buscadas. El motivo del error fue que sus números de documentos estaban mal cargados en la base de datos. Ibarrola fue el que más tiempo estuvo detenido: seis días.
El informe de la Defensoría consideró que "la modalidad y la tecnología aplicada para la identificación de prófugos derivaron en vulneraciones de derechos fundamentales de las personas, como la libertad" y apuntó que el sistema lanzado en abril pasado por los gobiernos porteño y nacional cuenta con "diversas deficiencias".
"Estas irregularidades quedan notoriamente de manifiesto cuando se procede a la interceptación de ciudadanos que finalmente no resultan ser las personas requeridas judicialmente", advirtió la Defensoría.
En su informe, el organismo precisó que los principales errores ocurrieron porque las comunicaciones de rebeldía, captura y detención enviadas mediante oficio por los distintos juzgados del país al Registro Nacional de Reincidencia "carecen de datos filiatorios, presentan errores de tipeo en datos fundamentales y consignan otros datos sin constatar".
Por este motivo, la Defensoría envió un informe a la Corte Suprema y a los máximos tribunales para que los juzgados "subsanen y corrijan los errores consignados en las comunicaciones efectuadas al Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".
El organismo público consideró necesaria la "instrumentación de una ágil comunicación entre las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales, a fin de poder evacuar las consultas al momento que se procede a la detención".
