“El Estado de Derecho se socava cuando un grupo de jueces recibe dádivas de un grupo empresario poderoso sobre el que deben resolver causas, y eso no es investigado y sancionado por los mecanismos institucionales establecidos, como el Consejo de la Magistratura, por decisión del Presidente de la Corte Suprema. El Estado de Derecho se socava cuando la Justicia no investiga seriamente quiénes financiaron el atentado a la vicepresidenta”, continuó Pietragalla, en un extenso hilo de Twitter.
En ese sentido, el funcionario prosiguió su argumentación: "el Estado de Derecho se socava cuando la Justicia es cooptada por grupos económicos y mediáticos concentrados que, utilizando prácticas violatorias de derechos humanos, obstaculizan políticas de ampliación de derechos y se mantienen en absoluta impunidad. La Corte Suprema del '2x1' a genocidas, lamentablemente, perdió su legitimidad y eso impide el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos”,
“El mecanismo del juicio político es un mecanismo constitucional y democrático y es el que permitió, por ejemplo, reemplazar a la Corte menemista en 2003, una medida que incluso fue aplaudida por HRW. Nuestro gobierno justamente pretende reestablecer el principio de independencia judicial y recuperar la legitimidad de uno de los tres poderes del Estado. Por eso a 40 años de la vuelta de nuestra democracia seguiremos apostando a su fortalecimiento, en Argentina y la región”, culminó Pietragalla.
Cabe destacar que la avanzada del Gobierno contra la Corte Suprema había motivado el rechazo de la ONG de defensa de los Derechos Humanos Human Right Watch, que en las últimas horas se pronunció contra la iniciativa oficial y lo contextualizó dentro del enfrentamiento del Frente de Todos con la Justicia.
“En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”, advirtió el último informe de la organización.
“El anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte, junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
“Nos preocupa que este tipo de medidas pueda contribuir a naturalizar la nociva práctica de que los gobernantes busquen destituir a jueces solo porque no les gusta el contenido de sus sentencias”, advirtió en declaraciones al diario La Nación.
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