Proyecto cuestionado
Al respecto, la subsecretaria de Personas con Discapacidad, Florencia Ottolini, sostuvo que "Lo que más preocupa es lo que el proyecto propone eliminar: el nomenclador que hoy ordena y regula las prestaciones. Sin eso, el sistema queda librado a la discrecionalidad. No es simplificar, es desproteger".
"También plantea volver a asociar las pensiones a la invalidez laboral. Eso es retroceder y desconocer las barreras reales que enfrentan las personas con discapacidad". "También plantea volver a asociar las pensiones a la invalidez laboral. Eso es retroceder y desconocer las barreras reales que enfrentan las personas con discapacidad".
La Asamblea, además, resolvió reclamar el cumplimiento de la Ley N° 27.793 de Emergencia en Discapacidad y establecer que cualquier modificación del sistema debe debatirse en instancias federales, garantizando la participación de las provincias y de las personas con discapacidad. Asimismo, se reafirmó la necesidad de asegurar el debido proceso y la continuidad de las prestaciones en cualquier instancia de revisión o auditoría.
Finalmente, se conformaron las comisiones de trabajo del Cofedis con representación de distintas jurisdicciones. Santa Fe tendrá un rol central al coordinar la comisión de Accesibilidad, a cargo de Ottolini, junto a referentes de La Rioja, San Luis, Chaco, Jujuy, Neuquén, Buenos Aires y Corrientes en las distintas áreas.
Qué dice la nueva ley
La Libertad Avanza envió al Senado un proyecto de ley que modifica por completo el sistema actual de pensiones por discapacidad. La iniciativa, denominada "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", propone un reempadronamiento obligatorio para 1.200.000 beneficiarios y elimina beneficios clave de la ley de emergencia que el propio Gobierno aún no cumple.
La movida oficialista ocurre en medio de una fuerte crisis política por la investigación de presuntos sobornos que terminó con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El texto ingresó por la Cámara Alta porque en la Casa Rosada calculan que obtener la mayoría allí será más sencillo que en Diputados, donde los bloques dialoguistas ya mostraron resistencias.
Si se convirtiera en norma, miles de personas con discapacidad podrían perder coberturas esenciales, prestaciones terapéuticas y certezas económicas que hoy sostienen tratamientos, traslados, acompañamientos y rehabilitaciones.
La falta de financiamiento no solo golpea a la estructura de las instituciones, sino directamente a las familias de los pacientes. El impacto más notorio de las últimas semanas se dio en la logística diaria para que niños, niñas y adolescentes puedan asistir a sus terapias y centros educativos.
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El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley contra el fraude por invalidez.
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