La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) observó la postulación de Beatriz de Anchorena como candidata a dirigir la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), durante una audiencia pública.
La organización sostiene que "si bien se reconoce su recorrido profesional en el sector público, su falta de experiencia en datos personales y su pertenencia al Instituto Patria plantean interrogantes con respecto a su idoneidad y autonomía".
La dirección del organismo no solo debe velar por la transparencia y la promoción de la participación ciudadana, sino que debe defender y proteger los datos personales de la ciudadanía argentina. Un conocimiento profundo y una experiencia en la defensa del derecho a la protección de datos personales es uno de los puntos clave para poder llevar adelante la tarea. Resalta la ADC.
“La necesidad de una dirección idónea para la AAIP se vuelve más apremiante si prestamos atención a distintos sucesos que demuestran la negligencia del Estado argentino en adoptar políticas públicas sobre protección de datos personales y seguridad informática”, indicó la Asociación en su presentación.
La preocupación de la organización civil recae ante el hecho de que este espacio ( por el Instituto Patria) "posee una identificación de sus integrantes con una corriente política particular que hoy día compone al Poder Ejecutivo, al que la Agencia deberá monitorear en su labor cotidiana”.
“Aquí no se busca dar opinión sobre su línea de pensamiento, sino remarcar que la compleja temática referida a la protección de datos personales y su relación entre el Estado, el sector privado y las políticas públicas que los relacionan continuamente requerirá de la candidata una visión que permita conciliar intereses de los distintos actores involucrados”, concluyó la Asociación por los Derechos Civiles.
La funcionaria fue cuestionada por la oposición al prorrogar, por 20 días hábiles, los plazos administrativos de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
La diputada radical Karina Banfi, quien impugnó la designación de Anchorena, sostuvo: “Además de presentar el proyecto intimé mediante carta documento a Anchorena para que disuelva el acto administrativo. Esta medida evidencia la falta de idoneidad de la nueva titular”.
También, la Fundación Apolo denunció penalmente a la funcionaria por la medida. “Que haya suspendido plazos creados por ley, mediante una mera resolución administrativa, constituye un verdadero disparate”, indicó en un comunicado.
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