Las mismas vendrían a atacar de manera más dura los focos de contagio que ya se venían trabajando, aunque de manera más laxa debido a los números. Básicamente se apunta contra la nocturnidad (se reduciría aún más el horario comercial), y el ocio social, entendido como los lugares que pueden derivar en reuniones masivas, como torneos de fútbol y otros eventos.
Sin embargo, este giro de postura de la gestión de Hacemos por Córdoba en cuanto a la situación sanitaria no es suficiente a ojos de la oposición. Desde ese sector consideran que las restricciones parciales que implementó el schiarettismo no fueron suficientes, ni lo serán, en caso de que no sean acompañadas con un fuerte trabajo científico que pueda seguir la situación epidemiológica en tiempo real.
En el inicio de la pandemia, Córdoba trabajó de manera exhaustiva para generar un sistema de seguimiento epidemiológico que se canalizó a través del Centro de Operaciones de Emergencia. Pero el paso de la primera ola pareció haber sido un punto de desmantelamiento para tal sistema, que supo contar con presencia en casi todos los departamentos provinciales.
Actualmente, el COE cordobés sigue en pie pero con un escueto plantel de profesionales, que se dedican a monitorear la situación epidemiológica general de la provincia, sin abordar casos puntuales. Esta falta de seguimiento provocó una escasez de datos importantes, que al menos no son publicados por el Ministerio de Salud provincial.
Es por ello que el arco opositor en Córdoba ha salido al cruce de la gestión schiarettista, reclamando “toda la foto” y no solo una porción de ella. Un ejemplo de esto es el tema de las camas críticas.
Los informes del Gobierno al respecto solo dan cuenta de la ocupación respecto al total, solo con casos de Covid-19. Es decir, que el porcentaje de ocupación no incluye otras patologías que también demandan terapia intensiva.
Según el Gobierno de Córdoba, a fines de la semana pasada, la ocupación por coronavirus rondaba el 41% de las plazas totales. Sin embargo, un estudio realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) proyectó una ocupación total del 94% para Córdoba con todas las patologías circundantes.
Ese estudio se basó sobre una muestra acotada de sanatorios, aunque no distaría mucho de la realidad. Todo ello en una de las provincias con más camas del país.
De este modo, la oposición elevó un reclamo por informes más detallados de situación que den cuenta de la realidad, y no de números que solo sirvan para justificar aperturas. Además, se hizo hincapié en la falta de rastreo y contención de casos, algo en lo que Córdoba fue pionera a nivel pandemia.
De hecho, en esa provincia fue en el primer lugar donde se implementaron los “cordones sanitarios”, por los cuales se aislaban sectores de la ciudad de manera focalizada debido a la alta incidencia de casos. Actualmente no se realiza un seguimiento masivo de los casos, y mucho menos de los contactos estrechos.
Desde la Legislatura cordobesa la oposición reclamó la presencia del ministro de Salud, Diego Cardozo, para que dé cuenta sobre el estado de situación de manera acabada. El legislador radical Marcelo Cossar fue quien más enfatizó en la necesidad de datos que permitan conocer la verdad de la pandemia en Córdoba.
Hasta finales del 2020, Cardozo brindaba conferencias de prensa semanales detallando el estado de situación, junto con el vicegobernador Manuel Calvo. Aunque la baja en los contagios de esa época y la sobre exposición del ministro, sobre todo con el grave caso del “médico trucho” del COE, hizo que se suspendieran tales anuncios.
Esto no implica que la oposición cordobesa esté reclamando más restricciones, algo que iría directamente en contra del discurso nacional, donde le exigen al Gobierno de Alberto Fernández una actitud de mayor apertura y una defensa con vacunas. Aunque, hay algunos actores que parecen pedir medidas por lo bajo.
De cualquier forma, Córdoba comienza a sentarse en el mismo lugar que el resto de las provincias más pobladas del país, y a dar cuenta de una situación sanitaria “inflamada”. Por el momento, la estrategia del Gobierno provincial es la de centralizar la decisión, pero descentralizar los anuncios, que son asumidos como propios por cada intendente para que Schiaretti no pague el costo político de nuevos cierres.
Desde finales del año pasado, cada uno de los movimientos sanitarios que dio el ‘Gringo’ fueron asesorados por sanitaristas, y expertos en imagen. Lo cierto es que la situación es apremiante, y puede llevarse por delante cualquier tipo de política, tanto oficial como opositora.