El gobernador Juan Luis Manzur debería tomarlo en cuenta porque puede impactar en su imagen de gestión a nivel provincial y nacional por algunos motivos a detallar:
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Explicaciones del Dr. Morales:
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En concreto:
** La Policía de la provincia de Tucumán no cuenta con reactivos químicos suficientes para drogas como la marihuana. Tampoco La pcia cuenta con cromatógrafo gaseoso, un equipo necesario para realizar las pericias con columnas de comparación para los distintos tipos de estupefacientes, requisito fundamental para poder juzgar este delito.
Si lo hacen en sede federal deberán pagarlo y el costo mínimo es de $100.000, con demoras de entre 15 a 20 dias.
** No podrán hacer escuchas telefónicas sin pasar por el sistema federal que tiene a cargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
** No se podrán hacer los juicios un situs porque no podrán tener los resultados periciales imprescindibles.
** La Policía provincial tucumana tendría graves inconvenientes vinculados a elementos mínimos para la instrucción de causas tales como balanzas de precisión, cámaras Go Pro para filmar los procedimientos, automóviles encubiertos, sistema de escucha con micrófonos locales y a distancia.
** La Policía de la Provincia no cuenta con una red de computadoras interconectadas con sistemas de información federales.
** La razón más fuerte es que en las fuerzas policiales (habria fuertes signos de corrupción) vinculados al narcotráfico –personas detenidas, procesadas, investigadas, etc.- y corrupción a muy alto nivel político/judicial provincial vinculado con el narcotráfico que se originaria en punteros políticos y difícilmente pueda ser investigada por fuerzas policiales provinciales.
** La transferencia a las fiscalías provinciales aumentararia los casos de tenencia y microtráfico ya que los fiscales provinciales no contarían con estructura ni experiencia suficiente para enfrentar estos casos. En los hechos se transferirán unos 300 casos por año –sobre 500 vinculados a infracciones a la Ley N°23.737- y más aún, resultaria un contrasentido cuando en breve se pondrá en funcionamiento el Juzgado Federal N°3, y están proyectados en el Congreso de la Nación la creación de 3 juzgados federales para la lucha contra el narcotráfico. Quedaria una infraestructura ociosa en contrapartida a una provincia sobrecargada y sin experiencia.
** No contarian con la colaboración de las fuerzas federales, salvo que reciban una orden específica y en el caso concreto de autoridades federales.
** No habria colaboración de magistrados federales por cuanto compartir datos que son motivo de investigación vulneraria el secreto que rige en estos casos. En todo caso habria reuniones en los que no podrá compartirse información sobre casos concretos.
Se sabe que existe una gran molestia porque para la sanción del proyecto no se hizo un relevamiento estadístico mínimo ni consultas a magistrados federales.
** Los fiscales provinciales no cuentan con espacios de detención suficiente ya que hay una grave superpoblación de presos y comisarias. Es imposible evitar una clara violación a los Derechos Humanos más elementales protegidos por tratados internacionales.
La justicia federal cuenta con el servicio penitenciario federal donde son trasladados los presos ni bien se les recibe declaración indagatoria.
** La división de la jurisdicción –entre federal y provincial- impediria la investigación de las redes de narcotráfico.
La gran mayoría de causas que se inician investigando una red para llegar a los proveedores mayoristas comienzan es un dealer o venta para consumo. Hay que saber que si este delito es investigado por la justicia provincial en algún momento de la investigación debería pasar a la sede federal por incompetencia.
Se produciria un quiebre en la investigación y la experiencia de la provincia de Buenos Aires y Córdoba ha resultado polémica.
