En este momento, en el Cordón Industrial santafesino dos factores -uno natural, el otro de la mano del hombre- podrían llegar a impedir la comercialización de grano y otros bienes: por un lado, la bajante del río Paraná. Y por otro lado, el grave conflicto en la cooperativa de Trabajadores Portuarios, que denunciaron un vaciamiento y amenazan con bloquear todos los puertos si la Justicia no actúa.
Factor uno: el río Paraná muestra niveles bajísimos de altura por tercer mes consecutivo, y especialistas en el tema temen que se llegue a los números del año pasado, cuando el 22 de mayo se registró 0,08 metros en Rosario. Hoy en día, el río marca hoy a 0,87 metros a esa misma altura, siendo 3,5 metros la medida histórica para la ciudad.
Hay que tener en cuenta que en febrero se realizó otra medición donde el río llegaba a los 3,41 metros, una altura que es considerada "normal". Desde ese mes, el nivel del agua viene decreciendo.
“De seguir cayendo en picada su caudal, pronto se repetirá el pico (de baja) del año pasado. Lo que se prevé es que en los próximos días la bajante del río será igual de pronunciada que el año pasado. Toda la cuenca aguas arriba está en baja por la escasas lluvias en Brasil y Paraguay, estos datos nos indican que la bajante del Paraná puede superar a la del año pasado e incluso podría ser peor”, afirmó Pablo Cantador, referente de la organización ecologista El Paraná No se Toca.
La falta de agua se debe principalmente a las pocas lluvias que se registraron en el litoral en estos últimos meses. Pero teniendo en cuenta que abril es el último mes de la considerada temporada de lluvias, la situación es alarmante, de cara al invierno, donde no suele haber precipitaciones.
Sumado a eso, el cierre de las compuertas de las represas hidroeléctricas brasileñas ubicadas en el río Iguazú (que desembocan en el Paraná), impide la circulación del agua y agrava la situación, como ocurrió en el 2020. En el país vecino también se registran pocas lluvias.
Algunas consecuencias de que se siga registrando una baja en el caudal de Paraná son que los barcos y buques tengan que cargar menos mercadería debido a la falta de profundidad del río; que haya demoras en el proceso de exportación; y que se sature la capacidad de almacenaje de granos en los puertos, algo que podría suceder pronto por el inicio de la cosecha del maíz. Todo esto generaría grandes pérdidas para el sector agroindustrial y para el país.
Factor dos: El Cordón Industrial vive días agitados debido a una denuncia, hecha por una parte de los estibadores nucleados en la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, que aseguran que están vaciando a la entidad.
Los trabajadores presentaron un escrito ante la Cámara Federal, donde denuncian supuestas maniobras fraudulentas que exceden los 1.000 millones de pesos, realizadas con una mutual “que no se encuentra bajo el control directo del Banco Central”.
La Cooperativa de Trabajadores Portuarios está intervenida desde agosto de 2019, días después de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenara por lavado de dinero, extorsión y otros delitos la detención del sindicalista Herme Juárez, quien estaba al frente desde 1969. A partir de ahí, la oposición sindical de Juárez se hizo cargo de la Cooperativa.
En febrero de este año, el juez federal Marcelo Bailaque extendió por otros seis meses la intervención de la entidad nombrando como interventor al ex intendente de Puerto San Martín, Daniel Sorrequieta.
Ahora, los trabajadores denuncian un vaciamiento de la Cooperativa: “Los certificados de depósitos presentan sospechosas irregularidades y representan el 26,5% de las inversiones financieras y el 15,5% del patrimonio de la cooperativa. La concentración de semejante cifra en esa sola entidad mutual constituye el equivalente a más del 40% del activo corriente de la entidad mutual que hoy tiene los depósitos”. Además, aseguran que el juez Marcelo Bailaque viene posibilitando “maniobras fraudulentas”, a través de una intervención “que no hace más que generar perjuicios económicos”, por eso mismo piden que la Justicia decrete el cese de la intervención.
Si la Justicia no actúa, los portuarios amenazan con bloquear los accesos a todos las terminales cerealeras del la zona norte del cordón portuario -desde Timbúes hasta San Lorenzo-, lo que supondría obviamente, claras pérdidas. "Estamos en estado de alerta y movilización y con muchas ganas de empezar a cortar los accesos a las puertos", dijo a Radio 2 Marcelo Vergara, uno de los referentes de la cooperativa.
Los estibadores denuncian concretamente que el interventor Daniel Sorriqueta le transfirió mil millones de pesos a las cuentas del financista rosarino Guillermo Whpei, siempre con la autorización del juez federal Marcelo Bailaque.
"Nos están vaciando la cooperativa. Nos siguen sacando los fondos que teníamos depositados seguros en el Banco Nación para enviarlos a mutuales de Guillermo Whpei, que por esas transferencias ahora mueve 3 veces más de dinero", aseguró Vergara.
Lo cierto es que la tensión en la zona seguirá en escalada hasta tanto la Justicia se pronuncie. Y los gobiernos, tanto nacional como provincial, no pueden dejar de mirar con preocupación ambos factores, que podrían entorpecer la llegada de los tan esperados dólares al país.
