“Si bien el BCRA cuenta con facultades para la regulación de la materia como el dictado de la Comunicación A 7782 (…) se advierte que el ejercicio de dicha potestad implicaría un perjuicio para un Estado provincial a partir de la modificación de las condiciones tenidas en cuenta, lo cual redundaría en una afectación al interés público local”, esgrimieron. Y así, el comunicado perdió efecto y sentó un precedente que podría complicar una de las herramientas del BCRA contra las provincias.
Cabe recordar que la deuda externa de las provincias siempre es aprobada por el Congreso previamente. Ello justifica que, a pesar de ser acciones autónomas, se tornan de interés nacional.
Una caída en default provincial podría no solo poner en la “lista negra” a Córdoba, sino también gatillar cláusulas sobre toda la deuda provincial en dólares, poniendo en jaque las cuentas provinciales. La provincia mediterránea es una de las pocas con algo de capacidad crediticia internacional al momento.
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