En el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado, cuyo impacto económico total para los usuarios y usuarias es de casi U$D 2.000.000.000, supo la agencia NA de fuentes oficiales.
Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018 y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.
Así, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830.
Es decir, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez” los usuarios hubiesen pagado 22,87 veces más de lo que se paga actualmente (2.200% más); y en las estaciones “Campana” y “Pilar” esa diferencia, en el mismo segmento, es de 20 veces (2.000% más).
En el caso del Acceso Oeste, en todas las estaciones un automóvil paga, en hora pico y de modo manual, una tarifa de $100, un monto también fijado en febrero de 2022. Conforme a lo establecido por la concesionaria, esa tarifa debería ser de $1.072, lo que significa 10,72 veces más de lo que se paga actualmente (1.000% más).
En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos, que significa una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más.
Al respecto, el Presidente destacó que "el mejor Estado es el que no es tonto, el que cuida el patrimonio de todos, el que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas".
"Lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino", resaltó el mandatario y consideró que debe ser "un punto de inflexión" para "no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador".
En ese sentido, puntualizó: "Estamos acá como servidores públicos para defender por los intereses del Estado y de la gente. Por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado".
"Lo quiero felicitar a Gabriel (Katopodis) por el trabajo que hizo. Fueron dos años cuidosos de auditorias tendientes a verificar todo lo que estamos afirmando hoy. Seguramente la demanda que presentemos la vamos a acercar como prueba a la causa penal (por los peajes), donde parecen no encontrar las pruebas que nosotros encontramos con bastante facilidad", sentenció.
