El Gobierno anunció el miércoles (14/09) que irá a la Justicia para anular los contratos de concesión de los peajes que operan los accesos Norte y Oeste, firmados en el 2018 durante la gestión de Cambiemos.
Después de cuatro años de aplicación el presidente Alberto Fernández en coincidencia con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, denunció que los acuerdos fueron “distorsivos”, por lo que “generaron daño económico al Estado y a los usuarios”.
Se trata de los contratos firmados en el año 2018 con las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) que, según explicaron en la Casa Rosada, “comprometían al Estado” con un “impacto económico total para los usuarios de casi US$2.000.000.000″.
“Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018 y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste. Así, en las estaciones Debenedetti y Márquez, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830″ detalla información oficial.
Los impulsores de la media que busca modificar un contrato explican que, en el caso del Acceso Oeste, en todas las estaciones un automóvil paga, en hora pico y de modo manual, una tarifa de $100, un monto también fijado en febrero de 2022. Conforme a lo establecido por la concesionaria, “esa tarifa debería ser de $1.072, lo que significa 10,72 veces más de lo que se paga actualmente (1.000% más)”
“En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios no son pico y de modo manual, es de $80, una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más”, señalan, para el caso de una concesionaria.
Según afirman desde el Gobierno, en el año 2018 las empresas Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con la gestión de Mauricio Macri acuerdos que “comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de US$ 813.143.839,52, (US$ 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y US$ 272.621.570 para el caso de GCO S.A.)”.
El acuerdo fijaba una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. “Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a US$ 1.161.292.387″, agregaron.
Mientras que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y abonado a través de las tarifas, por lo cual, para cumplir con las obligaciones, de capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa subiría era hasta 20 veces sobre el pago actual.
Desde los despachos oficiales aseguran que "la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que existe el fallo CEPIS de la Corte Suprema en contra de la dolarización de tarifas, generando subas mucho mayores. A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los U$D 2.000.000.000″.
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