"En primer lugar, el hallazgo de dinero en el domicilio de Sofía Clerici se vincula con la razonable sospecha de que puedan ser producto o provecho de actividad ilícita desarrollada por Martín Insaurralde vinculado al ejercicio de la función pública. Si bien el dinero fue hallado en el ámbito de custodia de Clerici, lo cierto es que no se ha logrado acreditar que sea de su propiedad, ni tampoco la licitud de su origen", agrega el ente antilavado.
"De hecho, surge de la prueba acompañada por vía de exhorto por las autoridades del Reino Unido de España que, los gastos de alojamiento y del alquiler del yate de lujo Bandido en el viaje a Marbella, España, se habrían facturado a nombre de Clerici. Esto indica claramente que la nombrada hacía pagos en nombre de Insaurralde y con dinero provisto por él", sigue la UIF en su apelación.
Además, el escrito explica que el juez Kreplak "omitió valorar que el Régimen al que Clerici pretende adherirse, tiene como finalidad permitir que los sujetos exterioricen activos de origen lícito no declarados ante el fisco. En este punto es de vital relevancia acreditar siquiera mínimamente la veracidad de la supuesta fuente generadora de ingresos, para descartar el origen ilícito, puesto que claro está que las actividades ilícitas no tributan".
"Permitir la transferencia de los fondos y la adhesión condicional de Sofía Clerici al Régimen de Regulación de Activos tomando por ciertos los dichos de la imputada sobre el origen del dinero, implica un grave perjuicio contra el orden económico y financiero", indicó la UIF y explicó que "de mínima, debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios".
"Bajo el razonamiento del juez, perfectamente cualquier persona sin una actividad lícita declarada (o como es en el caso, inscripta en el monotributo) que tuviera dinero en efectivo proviniendo del narcotráfico podría solicitar blanquear su dinero invocando como fuente generadora el ejercicio de la prostitución, sin que los operadores estatales hicieran preguntas para descartar el origen ilícito del dinero", detalla la apelación.
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