Una renuncia del gobernador o la intervención federal es solicitada por delegados multisectoriales (formado por gremios docentes, ATE, CTA, municipales y viales como así también laicos autoconvocados, padres y alumnos de escuelas, estudiantes universitarios y miembros de la Sociedad Rural) quienes anunciaron que se disponen a viajar a Buenos Aires con la intención de entrevistarse con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para explicarle sus puntos de vista sobre la conflictiva situación que vive la capital puntana.
Pese a que cesó la represión del viernes y el sábado pasado, para esta semana se anunció una nueva marcha y un paro de los docentes por tiempo indeterminado en repudio de la represión de la Policía y de la Ley del Estatuto Docente.
La propuesta del Gobierno nacional es retrotraer el Estatuto Docente a su contenido anterior a las reformas incorporadas por la Legislatura el 28 de abril para descomprimir el conflicto.
Además del viaje a Buenos Aires, la multisectorial empuja en el Congreso un proyecto presentado en el Senado por el radical puntano Jorge Agúndez en el que solicitan la intervención de la provincia.
Por su parte, el ex gobernador y ex presidente Adolfo Rodríguez Saá intenta a toda costa recompeoner la relación con la ciudadanía puntana. Hoy tiene previsto reapareceren público asistiendo a la fiesta del Cristo de la Quebrada (a 42 kilómetros de San Luis), donde cerca de 100.000 cuyanos venerarán al santo.
Allí buscará diferenciarse de su hermano Alberto, el actual gobernador, declarado ateo y enfrentado a la comunidad católica de la provincia, que pide su renuncia, y en especial con el obispo puntano, Jorge Lona.
Por otra parte, el actual gobernador Alberto Rodríguez Saá viaja hoy a Buenos Aires para reunirse con la primera línea de la administración K.
En efecto, según la prensa nacional desde hoy hasta pasado mañana permanecerá en la ciudad en procura de ser recibido por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por los ministros del Interior, Aníbal Fernández, y de Educación, Daniel Filmus.
En Casa Rosada, donde hasta anoche diversos funcionarios destacaban que no estaba agendada la visita del gobernador puntano, anticiparon que están dispuestos a escuchar a todos los sectores en pugna. Y aclararon que la posibilidad de la intervención de la provincia sólo podría ser analizada como último recurso.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, San Luis, le mandó ayer al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, una nota en la que reclama la intervención de los tres poderes de esa provincia.
La carta fue enviada junto con un proyecto de intervención que había sido redactado en 1999, durante la gobernación de Adolfo Rodríguez Saá.
En el Senado nacional, en tanto, hay un proyecto de ley presentado hace un mes por Jorge Agúndez (UCR-San Luis) que declara la intervención del Poder Judicial de San Luis.
Sin embargo el gobierno nacional manifestó yer que no está en los planes del presidente Kirchner avanzar con la intervención de la provincia. Y reiteró el argumento de que, antes de tomar cualquier decisión, se escucharán los planteos de todos los sectores.
"No está en nuestros planes intervenir, sencillamente porque no tenemos un espíritu intervencionista y porque creemos que las provincias deben resolver sus conflictos por sí mismas", explicó el ministro del Interior, Aníbal Fernándeza La Nación.
Y agregó: "Lo que sí dispusimos es dejar las puertas abiertas a todos los sectores involucrados para contribuir en la solución del problema: tenemos la voluntad de seguir hablando tanto con el gobernador como con quienes se le oponen".
Por lo menos según trascendió en la prensa, el presidente Kirchner dejó la orden de que hasta que no regrese de su viaje de USA, en su ausencia, por lo menos no se tomarán decisiones de fondo.
