Koltan está entre dos fuegos, porque el fiscal anticorrupción Pedro Gallo también estudia su conducta; de hecho, ya lo tiene imputado.
Las escaramuzas por el comportamiento de Koltan permitieron que se sincerara el pensamiento del oficialismo en torno de instituciones que adquirieron gravitación en la provincia. Se las considera extrañas, en general, al régimen republicano de gobierno.
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, cree ciertamente que basta con la clásica división tripartita de poderes. No obstante, en el alperovichismo subsiste una profunda desconfianza en los cuadros del Poder Judicial.
En el otro polo del tablero político se cree firmemente que la administración de Alperovich producirá cambios drásticos mediante el desguace de la Constitución de 1990.
La remoción masiva de jueces sería una de las consecuencias de la reforma total de la Carta Magna.
Además, se tiene presente que el gobernador ofreció a intendentes y delegados comunales que encabecen los sublemas de candidatos a convencionales constituyentes. Esas listas serán las bases del poder territorial de Alperovich en el peronismo. La elección de convencionales reformadores implica un desafío de primera magnitud.
Tener la mayoría de delegados electos por el peronismo conduciría a controlar la evolución de la convención reformadora y a incidir en el diseño de la nueva Constitución.
Ganar la elección en 2004 le daría a Alperovich un capital político propio para enfrentar oxigenado 2005, un año que sí puede presentar mayores dificultades.
La construcción de poder propio en el partido gobernante no es una tarea sencilla. En ese contexto, la designación de las autoridades del congreso partidario se erige en una prueba de fuerzas.
Cerca de los peronistas adictos al gobernador se desliza que un tercio de los congresales se identifica con la propuesta de la Casa de Gobierno. Admiten, además, que el martes último Julio Miranda intentó meter una cuña entre Alperovich y el vicegobernador Fernando Juri, cuando forzó una reunión extraoficial de congresales.
esde las proximidades del vicegobernador se comenta que, por su queja, Alperovich deshizo el acuerdo sellado con Miranda. En la medida en que el gobernador y Juri consoliden sus posiciones en el partido, se encoge el protagonismo de Miranda. (...)
Nota completa:
http://www.lagaceta.com.ar/subsecciones.asp?seccion=Opinión&subseccion=Panorama Tucumano&id_seccion=6&id_subseccion=10
------------
------------
Alicia Miller escribe el panorama político sobre la provincia de Río Negro, en el diario Río Negro, de General Roca; en este caso el reclamo presupuestario de la Justicia es el tema central:
(...) Por ejemplo, resulta notorio que el servicio de justicia que tienen los rionegrinos no es el mejor: recientemente se ha confirmado la impunidad de los autores del doble crimen de Río Colorado que tuvo por víctimas a los jóvenes Raquel Lagunas y Sergio Sorbellini.
Y, tras casi 15 años de tramitación, la "causa grande" que investiga una millonaria defraudación al ex Banco Provincia de Río Negro todavía no ha llegado a juicio oral.
Son sólo dos casos, se dirá. Son dos casos, es cierto, pero bastante emblemáticos.
El primero, un doble homicidio que nunca pudo esclarecerse, tal vez, por el sinnúmero de errores que cometió la policía -con intención o por negligencia- antes de que llegaran el juez y el fiscal. Y que durante la causa se evaluó -sin nunca probarse- la posible participación de un ex diputado y de policías.
El segundo caso, el del Banco, sería cómico si no fuera trágico: a los 20 días de presentada la denuncia, el juez que la recibió la mandó a archivo porque le quemaba en las manos o porque la estimó inconsistente, pese a que contenía datos, fechas y detalles. Y durante toda la tramitación, las presiones que el poder político -es decir la dirigencia radical rionegrina- ejerció sobre jueces, fiscales, consejeros de la magistratura, testigos e imputados fue tal, que ni siquiera resultaron secretas.
El Superior Tribunal de Justicia acaba de indicar que desde el 2002 ha realizado insistentes exhortaciones a agilizar el juicio. ¡Cuando la causa llevaba ya 13 años sin definirse! Mientras tanto, ni se asignó personal exclusivo para que atendiera el complejo expediente, ni se dotó a los funcionarios judiciales que la condujeron de los medios necesarios para que se hiciera justicia en tiempo y forma.
Así, la Justicia reclama más dinero. Pero de nada contribuirá ese incremento a mejorar el servicio público que reciben los justiciables rionegrinos si la prioridad de quienes conducen ese poder sigue siendo un aumento de los ingresos de los jueces en lugar de una revisión seria de necesidades. (...)
Nota completa:
http://www.rionegro.com.ar/arch200403/21/o21g01.php
