Ataque a La Tablada: Gorriarán Merlo, el MTP y la agonía de la guerrilla
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El 23/01/1989 un grupo de 42 militantes del MTP (Movimiento Todos por la Patria) ocupó por asalto el cuartel militar del BIM 3 (Batallón de Infantería Mecanizada), con sede en La Tablada, provincia de Buenos Aires.
La decisión respondió a una (falsa) información sobre un supuesto e inminente golpe de Estado que estarían gestando militares carapintadas, y -según su interpretación- encontraban su justificación en el articulo 21 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de los ciudadanos a armarse en defensa de la Nación.
Los militantes lograron ingresar al cuartel, pero tuvieron que enfrentarse durante 30 horas a 3.600 efectivos de la policía y el Ejército, que rodearon la unidad.
Los militares recurrieron a la utilización de blindados y al bombardeo del lugar con fósforo blanco, prohibido por la Convención de Ginebra. Fue uno de los argumentos para conseguir, años después, la liberación de los detenidos.
Las personas capturadas -según testimonios posteriores- fueron brutalmente torturadas, y fue clave para el indulto posterior de los condenados.
La Cámara Nacional de Casación Penal condenó a los atacantes a distintas penas, basándose en la Ley de Defensa de la Democracia, mediante la cual los procesados fueron despojados del derecho a apelación.
Al frente del MTP, una agrupación de izquierda que había nacido en 1986, se encontraba un joven abogado, Jorge Baños, quien 10 días antes del ataque denunció en conferencia de prensa un intento de golpe carapintada para finales de ese enero caluroso y de electricidad racionada.
Esa denuncia fue la excusa que siempre esgrimieron los guerrilleros, liderados en lo militar por Enrique Gorriarán Merlo, un ex jefe del ERP, el grupo guerrillero marxista trotskysta de los años '70: habían tomado el cuartel para evitar un golpe de Estado.
El informe oficial del entonces jefe del Ejército, Francisco Gassino, afirmó que el grupo, que incluía a varios ex miembros del ERP, se proponía "tomar el poder".
Una 3ra. versión, nunca comprobada, aseguró que el MTP había sido víctima de una operación de inteligencia. La especulación sobre una manipulación del MTP tenía fundamento porque se comprobó que estaba infiltrado por la inteligencia militar.
Los guerrilleros entraron al cuartel con un camión de distribución de Coca-Cola y varios automóviles. Se hicieron fuertes en el casino de suboficiales y en algunas compañías del cuartel.
Primero enfrentaron a la Policía.
Y luego, a las tropas de la X Brigada de Infantería.
A la caída del sol había ya 39 muertos, 3 desaparecidos, 60 heridos, 5 cadáveres que nunca se identificarían y 21 guerrilleros presos.
La policía y el Ejército tuvieron 11 muertos, casi todos ellos a consecuencia de sus propios bombardeos, según la versión de los detenidos.
El cuartel quedó destruido y los cadáveres de los guerrilleros, carbonizados algunos, aplastados por los tanques otros, diseminados en el césped y las ruinas humeantes.
Ese panorama comprobó Raúl Alfonsín en la mañana siguiente, mientras caminaba custodiado por comandos con sus rostros embetunados, no muy lejos del juez federal de Morón, Gerardo Larrambebere, quien años después integró el tribunal que juzgó la voladura de la sede de la mutual AMIA, en 1994.
A partir del mediodía del 23/01 comenzaron a aproximarse el resto de las unidades de la Xª Brigada de Infantería y tropas especiales (comandos).
El combate
Al mando de la operación fue designado el general Alfredo Arrillaga, quien inicialmente estableció su puesto de comando en el Puente 12, sobre la ruta y, durante el combate, ordenó adelantarlo hasta la primera línea.
Después de tomar contacto con las tropas que resistieron el ataque inicial y reconocer el lugar de la acción, Arrillaga ordenó que se estableciera un 2do. cerco interno con tropas del Ejército que complementaba el que había establecido inicialmente las fuerzas policiales.
Las tropas especializadas como "comandos" fueron designadas con prioridad de empleo.
Algunos carapintadas, también comandos, se unieron a la operación para recuperar el cuartel.
Unidades de artillería y caballería y, luego, paracaidistas traídos de Córdoba, intervinieron posteriormente en la operación.
La primera acción fue atacar los terroristas que se encontraban en la guardia de prevención donde, horas antes, había caído herido de consideración el teniente coronel Emilio Guillermo Nani.
En tanto, los terroristas parapetados en la Compañía B y en el Casino de Suboficiales, disparaban mientras mantenían como rehenes a123 soldados y suboficiales capturados por ellos en su irrupción inicial.
Existen rumores de que el coronel cubano Renán Montero su nombre real era Andrés Barahona López), quien combatió en Bolivia; intervino en el diseño de la operación del Ejército Guerrillero de los Pobres en Salta (1963/1964); y estuvo en Nicaragua con el cargo de jefe de la 5ª División de Inteligencia, habría sido el autor intelectual del ataque a los cuarteles de La Tablada.
En un reportaje publicado por la revista Gente y la Actualidad, Edición Especial, un oficial del Ejército afirmó: "[…] usaban palabras que acá no conocemos como "rastreo" que es muy usado en Centro América. Acá decimos "rastrillaje"…"además escuché a alguien hablar con acento centro americano […]".
En el Anexo adjunto con el registro de muertos se pueden observar que hay 7 que habían pertenecido al Ejército Sandinista, además de un paraguayo y una brasilera.
Por la tarde, los comandos lanzaron un ataque a la Compañía B para recuperarla. 2 horas después la compañía fue recuperada aunque su sala de armas, que se estaba incendiando, luego explotó. Pero todos los soldados rehenes fueron rescatados.
En las últimas horas de la tarde, las tropas especiales lanzaron su ataque para recuperar el Casino de Suboficiales. En ese ataque fue herido el teniente comando Ricardo Roberto Rolón, quien falleció poco después en el Hospital Militar Central.
Por falta de equipos de visión nocturna (¿?), el ataque debió ser detenido al oscurecer.
Se intimó rendición a los terroristas, quienes se negaron.
Durante la noche, los del MTP intentaron romper el cerco. En ese intento 2 guerrilleros se toparon con los comandos y, en un intenso intercambio de disparos a muy corta distancia, fueron abatidos mientras caía gravemente herido el sargento comando Ramón Waldimiro Orué quien falleció el 02/02 en el Hospital Militar.
2 comandos infiltrados durante la noche lograron escuchar las conversaciones de los terroristas cercados y comprobaron la baja moral de los atacantes.
Una ambulancia que transportaba 2 heridos fue alcanzada por disparos de los terroristas y resultó asesinado el sargento ayudante Ricardo Raúl Esquivel, quien estaba intentando sacarla del fuego desatado por los subversivos.
En mañana del 24/01 se intimó nuevamente a los atacantes y, luego, se inició el asalto al Casino de Suboficiales. Instantes después los terroristas se rindieron y se entregaron, usando como escudo humano a soldados y suboficiales que aún mantenían secuestrados.
Posteriormente comenzaron las operaciones de limpieza y eliminación de francotiradores. La policía, fuera del cuartel, detuvo a parte del "grupo de agitación".
También fueron allanadas las quintas y casas donde se habían concentrado los atacantes. Allí se encontró numerosa documentación y planes que abarcaban acciones de otros militantes del MTP en Córdoba, Rosario, etc.
Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, quien coordinó la operación militar con las otras operaciones subsidiarias, inicialmente se ocultó en la localidad de La Reja (provincia de Bs. As.), luego pasó a Uruguay y marchó a Nicaragua pero fue detenido en México por un comando de la Secretaría de Inteligencia, quien lo trajo a la Argentina.
En sus Memorias, Gorriarán reconoció que algunos integrantes argentinos del MTP habían pertenecido al Ejército Sandinista y combatieron, en algún caso, hasta alcanzar el grado de capitán en Nicaragua.
A lo largo de 14 años, los presos de La Tablada recuperaron su libertad poco a poco.
Los últimos se beneficiaron con una conmutación de penas dictada por Fernando De la Rúa en 2000.
El jueves 22/05/2003, 25 personas, militares golpistas y guerrilleros, fueron los beneficiarios del indulto de Duhalde.
Duhalde indultó no sólo al ex jefe guerrillero Gorriarán Merlo y al ex líder carapintada Mohamed Alí Seineldín, sino que extendió el perdón a todos los presos condenados por el ataque al cuartel de La Tablada perpetrado en 1989 y a 7 militares que en 1990 participaron de una rebelión contra el Gobierno de Carlos Menem.
Y, en un brindis de despedida que ofreció a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, Duhalde dijo que le hubiera gustado indultar a todos los presos políticos de la Argentina.
Y asi se cerró la última aventura guerrillera en la Argentina.
La defensa del MTP
El siguiente relato es de un ex ERP/PRT, hoy periodista kirchnerista, Eduardo Anguita, quien dirige el semanario Miradas al Sur:
"La presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 1.578 que autoriza al juez federal de Morón Germán Castelli el ingreso irrestricto a los archivos de inteligencia del Estado, de la Policía Federal y del Ejército relacionados con la desaparición de 5 ciudadanos a manos de los militares y policía que redujeron al grupo que intentó copar el R3 de La Tablada el 23 de enero de 1989. Esos archivos permitirán conocer también la cantidad de irregularidades cometidas por los fiscales y el juez que instruyó la causa. El decreto instruye a los organismos de inteligencia que envíen de modo inmediato los documentos relacionados con el hecho.
Fue crucial la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, a la cual apelaron los abogados y familiares de los desaparecidos para que se haga justicia. La Corte, con las pruebas aportadas, consideró que hubo innumerables abusos y recomendó al Estado argentino poner en marcha los mecanismos y garantías para realizar una investigación independiente, completa e imparcial.
Roberto Felicetti fue uno de los detenidos tras el cruento intento de copamiento aquel 23 de enero de 1989. En el momento que se entregó junto a algunos de sus compañeros, lo desnudaron, lo tiraron al piso y luego lo torturaron de modo salvaje.
"Somos Dios", gritaban desaforados algunos de los uniformados que los custodiaban en el Casino de Suboficiales.
Al cabo de unos días, le tocó declarar frente al juez Federal de Morón, Gerardo Larrambebere. "Doctor, me torturaron salvajemente, vea, tengo los dos brazos fracturados", le dijo al juez y le pidió, al igual que sus abogados defensores, que se iniciara una investigación sobre apremios ilegales.
Larrambebere miró a Felicetti con desprecio y no hizo absolutamente nada. Ese juez, tras una instrucción desastrosa, fue ascendido a juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3. (...)
Al momento de la instrucción, el fiscal Federal de Morón era Santiago Blanco Bermúdez, pero en esos días estaba de licencia. Llegaron entonces al lugar de los hechos, en el mismo momento que el cuartel permanecía tomado, el entonces fiscal de la Cámara Federal de San Martín, Raúl Plée, y el entonces defensor oficial del juzgado Federal de San Isidro, Pablo Quiroga.
Éste último, producto de la presión de la corporación militar –especialmente de Inteligencia del Ejército– fue nombrado fiscal subrogante, a partir de lo cual abandonó la función de defensor oficial.
Quiroga y Plée formaron un equipo que no le daba espacio a Blanco Bermúdez, no sólo porque no tenían simpatías hacia él, sino porque no querían que se integrara a las reuniones con los agentes de inteligencia (tanto de la Side como del Ejército) que inspiraban su accionar.
De las primeras páginas de la causa (escritas cuando todavía se sentía olor a pólvora en el interior del cuartel y sólo en los periódicos salía que los atacantes pertenecían al Movimiento Todos por la Patria) surge que los fiscales Plée y Quiroga pidieron al juez una cantidad de allanamientos en una serie de domicilios, dando detalles de barrios, calles en distintos puntos del Gran Buenos Aires.
En esos pedidos no aparece el origen de la información a la que habían accedido los fiscales, ni siquiera cómo los habían obtenido. La posterior investigación determinó que esos lugares habían sido utilizados por los atacantes y que en ellos se habrían encontrado planos y anotaciones relacionados con el ataque.
Esa documentación –de origen desconocido– fue la base de la acusación contra los 13 miembros del MTP detenidos que sobrevivieron al combate y a los asesinatos posteriores.
Pero nada decía sobre cómo habían muerto 28 de los atacantes –la mayoría de ellos con los cuerpos destrozados tal como lo muestran las fotos de la causa–. Ni qué pasó con algunos de ellos que primero fueron dados por detenidos, otros como desaparecidos e incluso alguno que fue reconocido como muerto días después. Tales los casos de Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Carlos Burgos, Iván Ruiz y José Díaz que estaban entre los detenidos aquel día en el interior del cuartel.
"A Samojedny lo tenían al lado mío" –recuerda Felicetti– "y uno de los oficiales le pidió que se identificara y cuando dijo su nombre y apellido, le dijo: ‘Hijo de puta, a vos te conozco la carrera, te salvaste una vez. Vas a ver lo que es el infierno’."
Samojedny había sido detenido en 1974 en los montes tucumanos y entre los tormentos de aquella vez lo paseaban por el aire con los pies atados, cabeza abajo, desde un helicóptero.
En el caso de Provenzano, los militares empezaron a golpear brutalmente a todos al grito de "¡¿Quién es Pancho, carajo!"
Era evidente que la inteligencia militar tenía el dato de que, por detrás de Enrique Gorriarán Merlo, un tal Pancho estaba entre los responsables de la acción.
"¡Yo soy Pancho!", gritó Provenzano para que dejaran de golpear al resto. Lo llevaron aparte.
A la familia le negaron que estuviera detenido. Decidieron buscar entre los restos humanos para localizar, quizá, algún resto de su cuerpo.
La determinación de su hermano Sergio, médico cirujano, hizo que dieran con una vértebra que reconoció porque él mismo lo había operado de una hernia lumbar 15 años atrás.
El cuerpo de Francisco Provenzano había sido volado con explosivos no sólo para mostrar que los métodos usados en la dictadura estaban a la orden del día, sino también para que nadie pudiera reconocerlo.
En el caso de otros detenidos en el cuartel, como Carlos Burgos, Iván Ruiz y José Díaz, durante años los antropólogos forenses debieron trabajar sobre restos humanos para tratar de determinar si están o no desaparecidos como Samojedny.
Como prueba del descuartizamiento de otros detenidos, los antropólogos dieron con un pedazo de fémur que, casi con seguridad, pertenece a Burgos. (...)".
Ese relato, obviamente muy subjetivo, de Anguita, lleva a lo ocurrido el 12/11/2009:
La Justicia Federal de Morón ordenó la detención de 2 militares acusados por presuntas torturas y fusilamientos de integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que se habían rendido tras el fallido intento de copamiento del Cuartel de La Tablada, en enero de 1989:
> el ex general Alfredo Arrillaga, ya detenido acusado por delitos cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional, y
> el mayor Jorge Eduardo Varando, procesado y camino al juicio oral por la represión del 19/12 y 20/12/2001.
Varando estuvo detenido acusado de haber causado la muerte al manifestante Gustavo Benedetto en los episodios que precedieron a la caída del Gobierno de la Alianza, pero en 2004 la Corte Suprema modificó la acusación de "homicidio" por la de "abuso de armas" y así obtuvo su excarcelación.
Varando, según investiga la Justicia, era custodio privado del Banco HSBC, en proximidades de Plaza de Mayo.
Arrillaga era el comandante a cargo de la recuperación del cuartel de La Tablada. Él estaba en actividad, beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pese a que había sido investigado por la denominada 'Noche de las Corbatas', ocurrida en junio de 1977 en Mar del Plata.
Varando, según las investigaciones de esos episodios, estuvo -al finalizar los enfrentamientos en La Tablada- a cargo de la custodia de 2 guerrilleros detenidos y luego presuntamente fusilados: José Alejandro Díaz e Iván Ruiz.
El juez Germán Castelli, a cargo de una investigación impulsada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resolvió que los 9 presuntos fusilamientos y los 20 supuestos casos de torturas contra guerrilleros durante y después de los episodios de La Tablada son "delitos de lesa humanidad".
En febrero de 2008, el juez pidió al Poder Ejecutivo la desclasificación de archivos reservados sobre los episodios de La Tablada, y obtuvo una aceptación parcial por parte de la presidente Cristina de Kirchner, quien admitió la liberación de esos documentos pero sólo para su conocimiento.
En una resolución de una treintena de páginas, el juez, con la intervención del fiscal federal Sebastián Bazo, resolvió que "los delitos investigados en la presente causa (...) además de vulnerar el derecho humanitario internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad y, por ende, resultan imprescriptibles".
"Por otra parte, el organismo internacional concluyó que los 13 sobrevivientes del ataque, como otros cómplices aprehendidos fuera del cuartel, fueron torturados por agentes del Estado", evaluó el juez en su resolución.
Una autocríca (a medias)
La siguiente columna fue escrita por otro ex ERP/PRT, Luis Mattini, a propósito de la muerte de Gorriarán Merlo, el 22/09/2006.
Gorriarán murió hacia las 16:30, a causa de la rotura de un aneurisma en la aorta abdominal. Ingresó a la guardia del hospital Argerich en paro cardiorrespiratorio.