El Estatut, el País Vasco, y la salida de Bono

Eran las 10 de la mañana, hora española, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, comenzaba una rueda de prensa que se había anunciado por sorpresa poco tiempo antes. Zapatero iniciaba su comparecencia con el anuncio de que José Bono dejaba la cartera de Defensa y la vida política por "motivos personales".
Aunque, dejó en claro que: "Si él quisiera, seguiría en el Gobierno".
Pero una una vez anunciada la renuncia quedaba develar quién ocuparía el sitio que dejaba Bono. El nombre era el de José Antonio Alonso, actual ministro del Interior, cuya cartera, especialmente sensible tras el alto el fuego permanente de ETA, pasará a manos de Alfredo Pérez Rubalcaba, hasta ahora vocero del Grupo Socialista del Congreso.
La clave, según el sitio español El Confidencial, es esa, la lucha antitorrista.  
En primer lugar, dice, la salida de Bono supone que Zapatero concentra en su mano, con dos hombres de su máxima confianza, las negociaciones con ETA y su entorno, que ahora parcialmente descansaban en Bono como responsable del Centro Nacional de Inteligencia, de España.
Bono siempre fue muy crítico con la estrategia antiterrorista del Gobierno, por lo que "al retirarse deja el camino expedito para profundizar en las negociaciones". Así lo cuenta el sitio:
"Aquí radica uno de los asuntos más espinosos de la crisis. La doctrina oficial insistía una y otra vez que el ministerio del Interior debía seguir haciendo su trabajo, es decir deteniendo etarras y haciendo cumplir la ley; pero al elegir para el cargo a alguien con tanto peso político como Rubalcaba -que ha jugado hasta ahora un papel clave- el mensaje es obvio: los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrán que adecuarse al devenir de las negociaciones. Se trata, desde luego, de una estrategia atrevida, porque si en algún momento los responsables de cumplir la ley no hacen bien su trabajo, es probable que la opinión pública acabe recelando de todo el proceso.
En esta clave puede interpretarse el último rifirrafe entre Alonso y Bono, tras filtrarse desde Moncloa que el CNI había constatado que los comandos de ETA habían dejado de operar. A Bono le faltó tiempo para protestar por el hecho de que dieran a conocer informes reservados de los servicios secretos.
Con la salida de Bono y la creación de un triunvirato encargado de negociar la pacificación Zapatero-Alonso-Rubalcaba, el presidente logra otro objetivo. Sacar a Bono del foco en el asunto que más coste electoral tiene para el PSOE fuera de Cataluña: el Estatut. Todo el mundo sabe que a Bono le chirriaba la miniconstitución catalana, pero su capacidad de influir en el partido era prácticamente nula. Los barones no se atreven a enfrentarse al presidente y hasta el alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, se ha quitado de en medio yendo al Vaticano como embajador ante la Santa Sede (¿o habría que decir embajador de la Santa Sede en España?).
El hecho de que la renuncia de Bono se haya querido hacer coincidir con el fin de la tramitación del Estatut le da una salida honrosa a Bono, que ante la opinión pública puede vender que su visión de España es incompatible con la existencia de dos o más naciones. Evidentemente, Zapatero sabe que Bono puede capitalizar la oposición al Estatut, y hasta convertirse en una especie de referente para una parte del electorado (no hay que olvidar que se trata del ministro mejor valorado), y por eso no sería aventurado pensar que el presidente quiera utilizar a Bono para otros menesteres (la alcaldía o la Comunidad de Madrid). El propio Zapatero ha querido dejar bien claro que su intención es volver a contar con el ex ministro de Defensa.
Dicho en otros términos, se trataría de convertir un problema (la salida un tanto airada de Bono) en una solución. Ya sin rivales contra el Estatut -al margen de ciertas reflexiones de Alfonso Guerra que tienen más que ver con la venta de libros que con una crítica honesta de carácter político-, Zapatero tiene manos libres para vender ante la opinión pública que el Estatut es agua pasada. Con este planteamiento piensa concurrir a las elecciones, cuya fecha dependerá en buena medida de la marcha de las negociaciones con ETA.
La salida de Rubalcaba como portavoz en el Congreso tiene unas consecuencias inmediatas. El PSOE tendrá muchas dificultades para encontrar a alguien con tanta capacidad de negociar con garantías de éxito. Por eso, no sería extraño pensar que traspasado el ecuador de la legislatura, el PSOE pretenda aflojar el ritmo de leyes que entren en el parlamento, entre otras cosas debido a que está obligado a mantener un difícil equilibrio. Unas veces vota con ERC y otras con CiU. Y al PSOE no le interesa que la opinión pública visualice que mantiene el pacto con los independentistas. Pero tampoco con CiU, rival electoral en Cataluña. Si Maragall sale de la Generalitat tras las próximas elecciones, el fracaso afectaría, sin duda, a Zapatero, que medio año después debe convocar las suyas. Y esto es lo que explicaría que la vida parlamentaria vaya a bajar el pistón en la segunda parte de la legislatura. De duración incierta a causa del proceso abierto en el País Vasco".