Y cuando el periodista le mencionó que “la memoria de su fundación reconoce que capacitaba para la campaña, lo que está prohibido…”, replicó: “No sé qué dice. Eventualmente se busca que gente del sector privado forme parte del gobierno. Además, se financia con aportes privados”.
Firmada por Dietrich, la memoria del balance 2015/2016 de Formar, cuando se recaudaron $ 2,7 millones, dice: “Cabe citar las diversas charlas de capacitación para las elecciones generales del 25 de octubre de 2017”.
Al respecto, admitió en el reportaje: “Eventualmente se busca que gente del sector privado forme parte de este gobierno u otro”.
La masiva presencia de Ceos y ejecutivos intermedios en la función pública constituye, en todo caso, una de las aristas de la nueva política que promociona incansablemente Marcos Peña.
Hasta las corridas cambiarias que pusieron patas para arriba a la Administración Macri, los estandartes de esa corriente eran precisamente los lugartenientes del jefe de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.
El ex Farmacity se tuvo que alejar del gobierno, peleado con medio mundo, mientras su camarada ex Lan, de perfil más bajo, daba un paso al costado, pero bajo el mismo techo, sin abandonar la provisión de planillas Excel al mandatario y su séquito íntimo.
Ahora tiene una doble misión, aunque de mayor exposición pública: fue designado secretario de Energía en lugar de Javier Iguacel para intermediar directamente entre las limitaciones acordadas con el FMI para los subsidios a Vaca Muerta y los compromisos contractuales que se habían contraído cuando el ex Shell Juan José Aranguren planteaba a las compañías productoras la explotación no convencional de hidrocarburos como negocio, que ahora se ve afectado por la devaluación y el nuevo ciclo de baja en los precios internacionales.
Haber mudado su despacho, cruzando Hipólito Yrigoyen, justo al piso de arriba del que ocupa Nicolás Dujovne, pero sin dejar su bunker en el área íntima presidencial, de hecho entraña un mensaje de arriba para el ministro de Economía: por más celo que haya en el cumplimiento del déficit 0 en este año, la política energética no quedará íntegramente bajo su órbita.
Algo de eso habrá querido decirle Lilita Carrió en sus recientes declaraciones en el programa “A Dos Voces”, cuando le sacó tarjeta amarilla por la acumulación de poder, al igual que a Dante Sica por fijarse más en las corporaciones que en las Pymes y a Patricia Bullrich, por el look Bolsonaro en seguridad.
Reivindicó en ese contexto a Javier Iguacel, desplazado debido a las diferencias con Dujovne, precisamente. Justo antes de ir a visitar a la jefa de la Coalición Cívica, a la casa en Exaltación de la Cruz, el jefe de Gabinete reincorporó al gobierno al ex secretario de Energía poniéndolo a las órdenes de Dietrich en la plantilla de Transporte.
Seguramente aportará el expertise que cosechó en Vialidad previo a Energía, para negociar desde el área ad hoc de JGM obras en PPP, como el gasoducto a Rosario y el corredor vial a Mendoza que ya cuentan con respaldo de capitales estadounidenses.
Concentrar recursos más que escasos
Dietrich reabrió el juego de los proyectos viales luego de que la Cámara de la Construcción asegurara que 5 de las 6 PPP no arrancarían y aclaró a Noticias que los escollos financieros habían determinado que adaptaran los trabajos programados, y se hicieran los marcados en la tierra antes de asfaltar los preparados.
O sea que quedó todo como para sentarse a conversar. Si bien nadie da por sentado que el fantasma de los bolsos sobrevuele los despachos de los actuales funcionarios, la organización de la cartera de Transportes como si fuera una consultora y no un ministerio político, asocia la aprobación y seguimiento de los proyectos a que se realicen con proveedores homologados.
En este sentido, la Fundación de Dietrich, ahora dirigida por la artista plástica y diseñadora de modas Flavia Martini, brinda capacitación a cambio de aportes que, según aclaró el ministro, son en blanco y que, por lo tanto, “no hay conflicto de interés”.
Esa fue su respuesta cuando le replicaron en la entrevista que el Banco Ciudad había sido el 3er mayor aportante entre 2013 y 2015: “Es una SA y lo puede hacer”, esgrimió como toda justificación.
De todos modos, en situación parecida revistieron otros contratistas de la Ciudad, como Friends Food, de Rubén Forastiero; la constructora Lanusse; Planobra, de Patricio Farcuh, dueño de OCA y amigo de Pablo Moyano; Mejoramiento Hospitalario, de Mariana Gómez; SES, que era de Nicolás Caputo; Bricons, de Mario Raspagliesi; Teylem, de Víctor Lusardi; CRIBA y Mejores Hospitales, de los Tarasido; y Mantelectric, de Carlos Pérez San Martín.
Hay otras formas de premiar los acercamientos empresarios que no sean retornos o coimas. El sector público ha contratado como política a amigos y recomendados, con sus familiares, parejas, etc, todos con jugosas remuneraciones, que engrosaron la nómina y su costo en lugar de achicarlos, como prometía el discurso.
Las empresas retribuyen por colocar su gente en resortes de decisión ejecutiva del Estado y, además de tercerizarles el sueldo, invierten en el sistema de influenciadores mediante el apoyo económico, directo o indirecto, al poder político.
Se puede ver en cualquier pasillo de las reparticiones, pero también consta en investigaciones como la de la Universidad Nacional de San Martín, que demostró que casi un tercio de los funcionarios del gabinete de Macri ocupó alguna vez un puesto de alta o media/alta gerencia en el sector privado, particularmente en la actividad financiera, en el negocio de la energía y en los servicios profesionales.
Se cuentan 890 participaciones en empresas privadas de 269 funcionarios del gobierno de Macri.
María Cecilia Lascurain y Agustín Salerno, investigadores del Observatorio de las Élites Argentinas del IDAES-UNSAM coordinado por Paula Canelo, Ana Castellani y Mariana Heredia, explicaron que “ocupar un alto cargo público en el Estado te convierte en parte de la élite política. Lo que observamos en el caso de Cambiemos es que un sector importante de las élites económicas pasa a formar parte de la élite política (33%)”.
Enumeraron en base a la bibliografía especializada las consecuencias de distinto tipo que esto puede tener:
-regulación del sector por parte de agentes que formaban parte de los mercados a regular,
-ingreso al Estado de lógicas empresariales de gestión,
-perspectivas tecnocráticas en la gestión de lo público, entre otras cuestiones relevantes.
La metodología no es original del Pro y Cambiemos. En presentaciones que formaron parte del Foro de Pensamiento Crítico, la ONG Oxfam y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) expusieron los mecanismos a través de los cuales las élites económicas de América Latina vienen ganando influencia en el funcionamiento de las democracias y en la determinación de las ideas dominantes.
El trabajo se titula Democracias Capturadas: El Gobierno de Unos Pocos, y desarrolla los mecanismos por los cuales las élites se adueñan de la política fiscal y su impacto desfavorable para los niveles de desigualdad.
Lascurain y Salerno pusieron de relieve que una gran cantidad de ejecutivos del mundo empresarial, constituidos por diversos sectores políticos (del radicalismo, dirigentes peronistas y de partidos de centro derecha como la UCEDé, del ámbito de las ONGs, entre otros) vienen trabajando desde 2007 en la ciudad de Buenos Aires para el PRO y Cambiemos y se convirtieron en profesionales de la política.
El salto al campo de la política y a la gestión pública no parece ocasional, subrayan, ya que “han llegado acompañados de un proyecto político con el que se sienten identificados (ya no ingresan como técnicos al Estado como en los ´90), sino que han logrado capitalizar su perfil ´menos político´ para hacer política”.
