La única preocupación que manifiesta Cambiemos a las puertas mismas de su año reelectoral se circunscribe a que el dólar no haga olas, para lo cual fija una súpertasa de interés y rodea a la divisa de un cerrojo monetario que los bancos ayudan a contener.
El ex viceministro de Economía, K, Emmanuel Álvarez Agis, configura el circuito de la siguiente forma:
-los fondos locales y externos se estacionan en los bancos y en los fondos de inversión en modalidades más sencillas, como las cuentas corrientes remuneradas o, directamente, los plazos fijos;
-aprovechan una tasa de interés unos 10 puntos por debajo de la tasa de política monetaria;
-los préstamos al sector privado crecen a una tasa anualizada del 26%, y los depósitos se expanden al 40% anual.
-los bancos privados sólo tienen que darse vuelta y adquirir Leliq, como antes eran Lebac y se han ido reemplazando con Lecap y Lete.
Y así se cierra el círculo, en el que los préstamos al sector privado crecen a una tasa anualizada del 26%, mientras los depósitos se expanden al 40%: “El Banco Central cumple con su objetivo de política monetaria, los bancos se benefician con un spread sustantivo y los inversores privados rearman transitoriamente el carry”, sintetiza Álvarez Agis.
Aspiradora estatal
La Tesorería y el BCRA absorben, de este modo, el ahorro bancario que debería volcarse en créditos a la economía real, reconocen súpertasas que ninguna actividad privada lícita podría afrontar sin resentir su competitividad.
Este contexto afectó el proceso de inversión extranjera directa que muy tímidamente se había iniciado un año antes y en el 3er trimestre los flujos alcanzaron los u$s 3.150 millones, 5% menos que en el mismo período de 2017: u$s 2.100 millones fueron por reinversión de utilidades de parte de las empresas, u$s 710 millones correspondieron a aportes de accionistas y u$s 340 millones fueron toma de deuda con matrices, según el último informe del Monitor de la Inversión, que elabora mensualmente la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI).
El organismo señaló que, entre enero y octubre, los anuncios de inversión superaron los u$s 23.000 millones y que los sectores que más crecieron fueron transporte e infraestructura, bienes de consumo y minería.
En el último mes relevado, los más notables fueron el proyecto de YPF en la refinería de Luján de Cuyo para alcanzar un 70% de su producción baja en azufre, y las inversiones chinas en Entre Ríos para obras de gas, líneas de alta tensión y fibra óptica.
No extraña que las actividades ligadas al consumo sólo cosechen pérdidas y sevicias.
El gobierno insiste en confiscar ingresos de particulares no sólo a través de una presión impositiva que no reconoce fronteras, sino que los diezman directamente mediante los tarifazos en servicios públicos domiciliarios, en los combustibles y transporte. Y lo mismo sucede con las alzas autorizadas en los precios regulados, como la medicina prepaga, que con 5 subas en el período, acumulará desde febrero un incremento interanual del 42,2 %.
Los incrementos fueron 7,5 % desde junio, otro 7,5 % a partir de agosto, 8 % desde octubre, 8,5 % en diciembre y 5 % desde febrero próximo. Es decir que la cuota de una prepaga queda comparativamente con los salarios y los ingresos de los trabajadores independientes entre 10 y 15 puntos arriba.
Genéricamente hablando, también la presión impositiva en Argentina se ensaña con cuanto presupuesto privado encuentra registrado. Actualmente está en torno a un 32%, por encima del promedio latinoamericano, que se ubica en un 22,8%, de acuerdo con un informe presentado en el Congreso por el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Sebastián Galiani, y el subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein.
Se destacan en ese aspecto impuestos tales como las retenciones a la renta y a la seguridad social, si bien en términos de gravámenes al consumo, como el 21% del IVA, el país marcha claramente a la cabeza.
Es que los gobernantes se encargan de que cada vez más asalariados queden atrapados por impuestos a las rentas personales, como ganancias, como sucedió hasta el año pasado, por bienes personales, o ahora también por la quita a ahorros excedentes en alternativas financieras, y esa es plata que le termina faltando al consumo.
¿De dónde, sale si no, para pagar las suculentas cuentas que llueven desde AFIP, Arba, AGIP, ABL´s, Edenor/Edesur, AySA, Metrogás, Gas Natural Fenosa, los transportistas, expendedores de combustibles, y las embozadas en caballos de Troya, como las expensas, educación, salud privada, o las indiscriminadas como el IVA y los débitos bancarios?
Otra apropiación que ha venido poniendo en práctica el Estado está contenida en el 35% de alícuota que deben pagar las empresas por ganancias, que además de haber quedado a contramano de muchos países en los que se está reduciendo esta presión, como Inglaterra y Estados Unidos, contiene una controversia contable que afecta los balances mismos de las grandes empresas, sobre todo: el ajuste por inflación y financieros, que las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores no dan acceso a aplicar, como sí está permitido en los demás países, y de hecho en Wall Street lo aceptan.
Es que en los últimos 3 años la inflación acumuló más del 100%, que es el porcentaje que nos convierte en un país hiperinflacionario. En realidad, de 2016 a 2018 fue del 157,7%
Ferreres recordó, en la columna semanal que saca en La Nación, que se trata de la definición de hiperinflación de IFRS (International Financial Reporting Standards), que forma parte de la IASB (International Accounting Standard Board, con sede en Londres), en torno de las reglamentaciones internacionales de contabilidad y de Información Financiera.
Las compañías compensan el castigo a sus balances restringiendo inversiones, decisión que no le es traumática ante la falta de rumbo económico, en general, para hacer negocios que no estén vinculados a relacionarse con un Estado quebrado.
