El reclamo de evitar el uso de árboles y cultivos para satisfacer las necesidades de energía renovable es uno que grupos ambientalistas vienen sosteniendo desde hace tiempo. Su argumento es que a través de la promoción de estos, se corre el riesgo de seguir aumentando los precios de los alimentos, la deforestación y la ocupación de tierras.
El biodiésel fue motivo de disputa entre Argentina y la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo que en 2016 falló a favor del país sudamericano. El bloque europeo había establecido límites a las importaciones argentinas luego de la estatización de YPF, controlada hasta ese momento por la española Repsol. Pero la OMC falló que las medidas establecidas por el bloque europeo eran incompatibles con varios artículos del Acuerdo Antidumping. Las limitaciones, que habían implicado una alícuota de 24,6% a las combustibles argentinos, significaron una pérdida de exportaciones equivalente a casi US$ 1.600 millones anuales para el país sudamericano.
Solamente el mes pasado, quien era entonces ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile (no lo es más a partir del martes 31/10, fecha en que además se conoció que pasará a ser embajador ante la Unión Europea), festejaba a través de su cuenta de Twitter una "Muy buena noticia para nuestro país! El biodiésel argentino vuelve a Europa. La UE oficializó la disminución del arancel para importación".
También lo festeajaba el ministro de Producción, Francisco Cabrera.
Pero de cara a las nuevas trabas que podrían imponerse, la alegría duró poco.