Durante su gestión recibió numerosas críticas, en buena medida en los últimos meses, cuando se desató una fuerte ola de violencia en las cárceles, que desencadenó reyertas en las que murieron unos 150 presos.
En las últimas semanas, mientras ya preparaba su candidatura al Supremo, hubo recurrentes huelgas de policías que tuvieron su peor expresión en el estado de Espíritu Santo, que se sumió en un caos que dio lugar a saqueos y a más de un centenar de muertes en hechos de violencia.
Pese al extenso trabajo académico del nuevo magistrado del Supremo en el área jurídica, su candidatura suscitó malestar en sectores de opinión por su marcado carácter político y el hecho de que jamás ha ejercido como juez, entre otras razones.
También se conjeturó que su presencia en la Corte Suprema pudiera servir para "proteger" a decenas de políticos de la base de Temer y al propio mandatario, sobre quienes recaen sospechas en relación a la trama corrupta que operó en Petrobras.
Ese escándalo salpica a dirigentes de todo el arco partidario y pudiera extenderse con los testimonios dados a la justicia por 77 exdirectivos de la empresa Odebrecht, que prometen sacudir a todo el sistema político e implicar incluso a varios ministros con los que De Moraes compartía hasta ahora el gabinete.
El nuevo magistrado rechazó que pretenda amparar a corruptos desde el Supremo y garantizó que su actuación en la corte será ajustada a "la Constitución y las leyes".
De Moraes es considerado un jurista de "línea dura", con una línea ideológica claramente volcada hacia la derecha y un carácter a veces explosivo que le ha valido más de una polémica en los cargos públicos que ha ocupado.
Estudió derecho constitucional en la Universidad de Sao Paulo (USP) y en esa misma institución, en la que también fue profesor, obtuvo un doctorado en Derecho de Estado.
Ha sido fiscal del Ministerio Público de Sao Paulo, secretario de Justicia de ese estado y presidente de la hoy extinta Fundación de Bienestar del Menor (Febem) paulista, que regía unos violentos reformatorios que durante años fueron objeto de duras críticas de grupos de derechos humanos.
Entre 2007 y 2010, fue secretario municipal de Transportes del municipio de Sao Paulo, cuando el alcalde era el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab.
Tras dejar ese cargo fundó su propio bufete en Sao Paulo, en el que tuvo clientes polémicos, como una empresa de transportes que fue investigada por supuestos vínculos con una banda que impone el terror en las cárceles.
También fue abogado de Eduardo Cunha, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, y que en 2016 fue despojado del cargo de presidente de la Cámara Baja, luego de su escaño y acabó en la cárcel por supuesta corrupción.
Como presidente de la Cámara de Diputados, Cunha fue responsable por iniciar los trámites para el proceso que el año pasado condujo a la destitución de Rousseff, tras el cual Temer asumió el poder, en su entonces condición de vicepresidente.
