Justamente, fue la PFA fue la encargada de estos allanamientos, misma fuerza que a partir de enero tendrá aproximadamente 19 mil efectivos dentro de la nueva Policía de la Ciudad. Pero la nueva fuerza porteña no tiene competencia en delitos federales, algo que le corresponde a Nación, al igual que la trata de personas y el terrorismo. La única excepción sería si lo pide la Justicia, para actuar como auxiliar de la misma.
Pero el narcotráfico afecta no solo a la villa sino al barrio de Flores y a la Comuna 7. En toda la Capital durante todo el año pasado, se produjeron al menos 51.137 robos, según el mapa del delito elaborado por la Dirección de Análisis Criminal y Planificación (DAC), a cargo del fiscal Diego García Yomha y parte del Ministerio Público Fiscal. Más de 4.000 corresponden a Flores, que junto a Balvanera se ubica en el tope de los barrios más inseguros de la Ciudad.
Además, un estudio del Instituto de Investigaciones del Poder Judicial explica que en la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco), se produjo 1 de cada 4 homicidios dolosos en 2015. Con 40 asesinatos sobre un total de 175, la tasa de crímenes violentos en el barrio fue de 24,34 cada 100.000 habitantes. Asimismo, la cifra de crímenes en Flores del año pasado fue la más alta de los últimos cinco años en la Capital, un 27% mayor que en 2014 y un 120% más que en 2012, cuando se dio la marca más baja desde 2010.
La situación está lejos de solucionarse. En marzo de 2015, Gustavo Vera, titular de la Alameda y legislador porteño cercano al Papa Francisco, advertía que en la villa 1-11-14 existe una organización de 1.000 hombres, con al menos 300 "soldados" desplegados como brazo armado del poder narco en la Ciudad, además de 10 laboratorios para la fabricación de cocaína y una red de contactos para distribuirla por todo el país. El dominio territorial de la villa 1-11-14 basado en el doble poder, económico y de fuego, que según el legislador, sigue igual o peor.
El trabajo central de La Alameda se apoya en una investigación aportada por el ex investigador del Ministerio de Seguridad, Jorge Rodríguez. Contratado en enero de 2011, durante más de dos años se ocupó de descifrar la situación del narcotráfico en los pasillos de la villa del Bajo Flores. "Hay por los menos 10 laboratorios que pueden procesar cada uno 10 kilos de cocaína por día", asegura Rodríguez. "Esos centros de fabricación de drogas podrían ser desarmados por sus encargados en media hora, en caso de recibir un aviso sobre un eventual allanamiento, lo cual marca lo complejo de la situación", sostiene y agrega "un laboratorio mediano puede producir 10 kilos medianos. Diez laboratorios, extrapolando, tenemos 100 kilos, a US$ 12.000 el kilo de máximo pureza, estamos hablando de 1.200.000 dólares diarios de producción bruta".
Otra cuestión que los ministerios de Seguridad nacional y porteño deberían aclarar, de una vez por todas, es que pasará con la cuota de gendarmes que integra el llamado Cinturón Sur, originalmente abocado al control de las fronteras pero que hace unos años desembarcó en el sur de la Ciudad para reforzar la seguridad y controlar la corrupción policial.
Una serie de violentas usurpaciones armadas fue el eje de conflictos y balaceras con la Gendarmeria en los últimos días. El objetivo: robar las casas de inmigrantes bolivianos y peruanos para luego revenderlas, según voces que conocen a fondo el territorio en el Bajo Flores. Eligen familias desarmadas y las echan para quedarse con un porcentaje después de la venta. Se habla de hasta US$ 80.000 por departamento.
Ante esta encrucijada, que establece al narcotráfico como un delito federal, sería bueno saber cómo Larreta continuará en el Bajo Flores con su plan de integración urbana en villas, así como lo hace en la 31, la 20, Rodrigo Bueno, Fraga, entre otras. Lo último que se conoció del Jefe de Gobierno en la 1-11-14 fue la presentación que hizo la popular cantante "teen" Tini Stoessel en junio. En tanto, desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad aun no estiman un proyecto de urbanización y desde el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de Guadalupe Tagliaferri, destacan el fomento del deporte mediante la creación de canchas de fútbol y plazas en el lugar, algo positivo pero insuficiente. No obstante, aseguran que hay obras de infraestructura programadas para 2017, pero desde el Ejecutivo todavía no se anunció ningún plan concreto de urbanización
Según el discurso del propio Gobierno porteño, la integración urbana de las villas al resto de la Ciudad termina beneficiando los barrios en general, garantizando derechos y obligaciones a sus habitantes. Pero ¿cómo logrará el Gobierno porteño garantizar vivienda digna en un barrio que pretende todo lo contrario?.
En tanto, los vecinos del Bajo Flores se movilizaron a principios de diciembre para pedir seguridad, a raíz de la muerte por uno de estos hechos, de Pascual José Mollo, residente de muchos años del barrio. “Pascual era uno de los vecinos más conocidos del barrio y participaba en todos los actos que se hacían. En los últimos tres meses fuimos notando un incremento de los robos y casos de inseguridad. Algunos dicen que la zona está liberada. Con el tema de la unificación de la policía se abandonó Flores y sacaron a los efectivos de las calles”, aseguraron los vecinos.
Asimismo, unas 100 personas realizaron una marcha hasta la comisaría 38 para exigir medidas de seguridad. “Cuando fuimos a reclamar por la muerte de nuestro vecino, nos trataron muy mal. Lo único que custodian son los supermercados chinos y los bancos", aseguran mientras que otros sostienen que la connivencia de esa comisaria con las bandas narcos es brutal. Otra tarea para Larreta y el ministro de Seguridad Martín Ocampo, terminar con la corrupción policial. En definitiva, un asunto complejo que por ahora no tiene solución.