Stornelli explicó que "cada facilitación de giro en descubierto que se fue autorizando a favor de Austral Construcciones S.A y Kank y Costilla S.A fue siempre avalada por plazos fijos constituidos en el Banco de la Nación Argentina y por el mismo monto de lo adjudicado; o sea que se garantizó el dinero facilitado con el mismo dinero facilitado. Luego se fue garantizando la operatoria con la cesión de certificados de obra de la Dirección Nacional de Vialidad, la Administración General de Vialidad Provincial y del Instituto De Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz".
"La maniobra -según Stornelli- fue perfeccionándose, ya que a medida que vencían los plazos del dinero otorgado para giros en descubierto, se otorgaban nuevas facilidades para nuevos giros en descubierto, y estas autorizaciones cubrían las deudas de las firmas con la entidad bancaria por las facilidades que se le otorgaban en primera instancia. Dicha rueda no se detuvo nunca, hasta que dificultades mantenidas entre las empresas de Lázaro Báez y el gobernador Daniel Peralta de la provincia de Santa Cruz, hicieron que los créditos se detuvieran, el flujo de dinero desde Vialidad se frenara y tuvieran que recurrir a un nuevo mecanismo: el fideicomiso financiero".
El fideicomiso del Nación fue creado en 2011 y luego renovado. Allí había una suma que alcanzaba los $350 millones que cobraba una tasa anual de 12% de interés. "De esta forma -señala Stornelli- la empresa obtenía dinero inmediato y seguía financiándose con una segunda vía de ingresos y seguía cobrando la certificación de obras sin depender de la provincia".
El fiscal pidió la indagatoria de Fábrega, Báez, varios ex gerentes y directores del Banco Nación y de integrantes del entramado empresarial del constructor patagónico detenido desde abril pasado.
En uno de los tramos del dictamen de Stornelli el fiscal señala "cabe aquí preguntarse si las empresas pusieron algún dinero de sus propias arcas para realizar un trabajo propio de su giro comercial".
