Además, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, declaró que el Gobierno no dejará en la impunidad el crimen y que los agentes de inteligencia ya arrestaron entre 100 y 120 personas en el marco de las investigaciones por el caso de Illanes.
El gobierno pensaba sentarse a negociar en La Paz con los dirigentes nacionales de los cooperativistas, pero el secuestro de Illanes provocó que el encuentro entre ambas partes se postergara.
Este sector, uno de los más organizados y agresivos que componen la Central Obrera Boliviana, exige la abrogación de una ley recientemente aprobada, la cual pone límites al funcionamiento de las cooperativas, dado que en diferentes casos estas sirven como una etiqueta detrás de la cual se esconden intereses comerciales y abusos a los derechos laborales y contra el medio ambiente. Los administradores de cooperativas rechazan la ley pues, dicen, la misma inviabilizaría sus actividades.
Los conflictos sociales graves, que son una característica histórica de Bolivia, parecían haber sido superados durante la presidencia de Evo Morales, hasta que comenzó el deterioro de la economía por la caída de los precios de las materias primas. Uno de los ramos más golpeado durante este año y el pasado fue el minero, en el que las grandes inversiones son escasas, pero en cambio se halla la denominada “minería de supervivencia”, la cual emplea a unas 100 mil personas. En este caso, las concesiones de yacimientos son propiedad colectiva.
Desde hace tiempo que se sabe que esta práctica sirve en efecto para la supervivencia de muchos, pero también genera el enriquecimiento de unos grupos que explotan a trabajadores y les pagan salarios ínfimos. Uno de los derechos que establece la nueva ley de cooperativas es el derecho a la sindicalización de estos últimos, aunque el gobierno dijo que este no se aplicaría en el ramo minero.
Sin embargo, la diferenciación clasista no se expresa en la lucha política “cooperativista”, que suele ser monolítica, como lo ha sido hasta ahora en este conflicto. El gobierno asegura que ya conoce quiénes participaron en el “brutal asesinato” y que estos serán perseguidos judicialmente sin dilación.
Más de 100 detenidos
Según se supo, el ministro Illanes solicitó ir a Panduro para abrir un espacio de diálogo con los bloqueadores de las cooperativas mineras, que cumplieron este jueves tres días de protestas en las carreteras para oponerse a una ley promulgada por el presidente Evo Morales.
Las cooperativas mineras funcionan con alrededor de 150.000 afiliados, de los que una minoría son patrones y dirigen a decenas de miles de obreros que trabajan en condiciones precarias.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo a un canal de televisión que el crimen no quedará impune y que se ha identificado a los cabecillas en el marco de las investigaciones del caso.
Aseguró que en la noche de hoy se detuvo a entre "100 o 120 dirigentes de la zona", en coordinación con la Fiscalía.
Acusó a los mineros de actuar con "intransigencia" porque no permiten el levantamiento del cuerpo de Illanes para que se le practique una autopsia y se lo entregue a su familia.
Según Ferreira, el presidente Morales "está profundamente conmovido" y en el gabinete están con mucho dolor porque Illanes era un viceministro "muy querido".
Simultáneamente, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) denunció la muerte hoy por heridas de bala, también en Panduro, de Ruben Aparaya Pillco, de la mina Viloco (oeste), aunque las autoridades no han logrado confirmar este deceso.
No obstante, fuentes periodísticas señalaron que el cuerpo del minero era velado en la carretera entre La Paz y Oruro.
Además, la Fiscalía recibió el cadáver de Severino Ichota, de 45 años, otro minero fallecido por heridas de bala el miércoles en los choques cerca de la localidad de Kami, en Cochabamba (centro).
En la zona de Sayari, también en Cochabamba, los cooperativistas velaron en una carretera el cadáver de la primera de las víctimas mortales de los enfrentamientos, Fermín Mamani, según constató Efe.
La escalada de violencia, que comenzó el martes en varias rutas, derivó en un número indeterminado de policías y mineros heridos y en al menos tres casos de periodistas lesionados por pedradas.
Los mineros usaron cargas de dinamita, piedras y palos para hacer frente a los policías en Panduro, como hicieron el miércoles y el martes, cuando también se registraron heridos en ambos bandos.
El Gobierno denunció que los mineros mantienen como rehenes en Kami a los suboficiales Germán Aruquipa Acarapi, de 63 años, y David Mamani, de 37 años, que cumplían labores de seguridad ciudadana.
Los mineros han exigido la liberación de sus detenidos a cambio de entregar a los agentes, como hicieron hace dos semanas en las primeras jornadas de violencia de este conflicto.
Morales se reunirá este viernes con los ministros del área política para anunciar las medidas que se tomarán.
