“La responsabilidad penal internacional de las corporaciones en sus acciones en distintos países, la diferencia de trato que hay respecto de las corporaciones en las legislaciones de los países donde tienen sus casas matrices y de los países donde desarrollan sus inversiones y se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las actividades de extracciones masivas de recursos naturales que ponen en riesgo no sólo las comunidades sino la naturaleza misma, las responsabilidades de los bancos cuando reciben fondos de países que están al borde del default y la de los organismos reguladores”, argumentó el exjuez.
El gobierno argentino, además, en una planteo complementario con la iniciativa de Garzón y Zaffaroni, impulsó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU iniciara una investigación sobre las consecuencias que en materia de derechos humanos tiene el accionar de los buitres, recuerda hoy el diario paraoficialista Página/12.