Algunos legisladores de oposición han pedido un juicio político a Rousseff por supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral, vinculadas a un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
El nombre de Cunha también se ha mencionado en la investigación que realiza el máximo tribunal de justicia brasileño sobre las prácticas de corrupción en la empresa.
Aunque en teoría el PMDB es parte de la coalición de gobierno, Cunha se ha jactado de las derrotas provocadas al Ejecutivo y su oposición se ha vuelto más enérgica cuanto más cercana está la posibilidad de que haya cargos formales.
Durante un desayuno con periodistas en la capital, Cunha incluso planteó la idea de que el PMDB pudiera salir de la coalición de gobierno antes de las próximas elecciones -que se realizarán en 2018-, insinuando que la decisión "no es imposible".
En abril, Cunha había rechazado enérgicamente la posibilidad de realizar un juicio político contra la mandataria.
Fiscales federales acusan que un cartel de proveedores de Petrobras aplicaron sobrecostos por miles de millones de dólares a la empresa por grandes contratos, a cambio de sobornos a ejecutivos y políticos, incluyendo algunos miembros del Partido de los Trabajadores (PT) al que pertenece Rousseff.
En abril, la Policía brasileña arrestó al tesorero del PT. Joao Vaccari fue acusado de pedir donativos políticos por los sobornos.
La revista Veja reportó el mes pasado que el ejecutivo acusado de liderar el presunto cartel de firmas de ingeniería confesó haber realizado contribuciones a la campaña de reelección de Rousseff con dinero de los contratos con sobreprecios.
Rousseff y su partido han negado cualquier accionar impropio.
La Policía brasileña realizó el martes los primeros allanamientos a legisladores sospechosos de haber aceptado sobornos.
Los agentes incautaron lujosos vehículos de la casa del actual senador y expresidente Fernando Collor de Mello, quien fue sometido a un juicio político en 1992.
Collor de Mello
El Senador y ex Presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, obtuvo al menos 7.5 millones de dólares de la corrupción en la empresa estatal Petrobras, según documentos remitidos por la Procuraduría General a la Corte Suprema y divulgados hoy.
Collor de Mello presidió Brasil entre 1990 y 1992, cuando dimitió por un caso de corrupción, y ahora forma parte del grupo de medio centenar de políticos investigados por una trama que, durante la última década, desvió unos 2 mil millones de dólares de Petrobras, según los cálculos de la propia empresa.
Actualmente ocupa un escaño en el Senado por el Partido Laborista Brasileño (PTB), que forma parte de la coalición que apoya a la Presidenta, Dilma Rouseff, y según la Fiscalía recibió al menos 26 millones de reales (7.5 millones de dólares) de la red de corrupción que actuó en la petrolera.
Según la Fiscalía, el dinero llegó a manos del expresidente a través de un “sofisticado sistema de blanqueo de capitales” en el que participaron algunas empresas de su propiedad y otras en las que participa como socio.
Los documentos indican que algunas de esas empresas sólo existen en el papel y no tienen ni empleados ni actividades económicas probadas, de lo cual se deduce que sólo fueron usadas para “lavar el dinero” originado en la corrupción.
Las empresas, oficinas y hasta las residencias de Collor de Mello ya fueron objeto de un amplio registro el pasado 14 de julio, cuando agentes de la Policía Federal se incautaron de numerosos bienes y documentos que habrían agravado su situación.
Una de las propiedades registradas fue la Casa da Dinda, una lujosa mansión de Collor en Brasilia que en sus tiempos de presidente usó como residencia oficial y que ya había sido objeto de una operación similar en 1992, antes de su renuncia al cargo.
En la Casa da Dinda, la Policía se incautó de un Ferrari, un Lamborghini y un Porsche, cuyo valor ha sido calculado en unos seis millones de reales (dos millones de dólares) y que, según la Fiscalía, fueron producto de la corrupción petrolera.
Por este mismo caso, esta semana volvió a prisión el exministro José Dirceu, considerado como el “hombre fuerte” del Gobierno en el primer mandato del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, padrino político y antecesor de Rousseff.
Dirceu, un importante dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y Rousseff, también fue acusado de obtener beneficios de la corrupción en Petrobras.
El exministro ya cumplía una condena a once años y diez meses, impuesta por su responsabilidad en un caso de sobornos parlamentarios denunciado en 2005, durante el primero de los dos mandatos de Lula, de quien fue siempre un fiel escudero.
Dirceu, de 69 años, ya había pasado doce meses en prisión, pero a finales del año pasado obtuvo se le concedió la prisión domiciliaria y cumplía la pena en su residencia de Brasilia.
Sin embargo, la prisión domiciliaria le fue suspendida porque, según afirmó el Ministerio Público, recibía aún comisiones ilegales de la corrupción petrolera.
Por este caso se investiga a una veintena de grandes empresas y a medio centenar de políticos, en su mayoría de la base que apoya a Rousseff y entre ellos figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
